Pereira deberá presentarse ante la Comisión de Legislación de la Junta para la próxima semana, a fin de aclarar los supuestos casos de subarrendamientos, ejecución de ingresos, listado y vigencia de adjudicaciones a permisionarios, morosidad, desalojos, entre otros aspectos. Los pedidos de informe fueron presentados tanto por el concejal Javier Pintos como por el edil Álvaro Grau.
En la minuta del concejal Grau figura informar sobre la cantidad de permisionarios habilitados dentro del mercado, el detalle de pagos por alquileres de los locales de los últimos tres ejercicios, listado de locatarios con fecha de adjudicación y el vencimiento.
También la situación de la señora Florencia Lugo, quien fue desalojada de su puesto con copia del informe de la intervención, y la identidad de la persona que ahora arrienda ese local. Además solicita conocer si el funcionario municipal Nicolás Moreira, quien trabaja dentro del Abasto, figura como arrendatario de algún puesto.
Pintos, por su parte, solicitó datos sobre falta de contratos formales, subarrendamientos, ejecución de ingresos.
Varios comerciantes manifestaron que los desalojos son selectivos, mientras otros locales no se ocupan desde hace años por vínculos políticos. También supuestos pagos de coimas para la permanencia en los locales. Desde la Dirección del Abasto, en tanto, señalan que la morosidad llega a G. 5.067.031.541 y que de los 1.600 permisionarios encontraron, al asumir la administración, que cerca del 70% no cuenta con contratos formales.