La propuesta fue presentada por el bloque del Frente Guasu y tuvo el visto bueno de sus pares, en medio de denuncias por compras fallidas y también sobrefacturaciones.
El senador Jorge Querey justificó el planteamiento, atendiendo a las denuncias que van saltando en torno a la serie de irregularidades.
En la presentación se indica que el objetivo es tener información oficial con relación a las empresas que fueron adjudicadas para proveer insumos médicos y otros durante la pandemia.
Se menciona a tres instituciones que están en la mira, que fueron las que hicieron el llamado a licitación, que son Ministerio de Salud, la Dinac y Petropar, que son los casos más sonados hasta el momento.
Se escudan en la ley que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay.
Se hace hincapié en el estado de emergencia declarado en todo el territorio donde se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras.
Sostienen que el artículo 192 de la Constitución Nacional faculta a las Cámaras a solicitar informe a los demás poderes del Estado, entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, que estimen necesario, exceptuando la actividad jurisdiccional.
Consideran que es necesario conocer las respuestas dadas por las autoridades tanto Anticorrupción, Abogacía del Tesoro y Seprelad.
Mencionan que de acuerdo a la ley, a la que hacen referencia, el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro de beneficiarios finales serán accesibles para los organismos y entidades del Estado.
En ese mismo punto, se incluye a los sujetos que cumplan funciones de prevención, investigación y sanción de hechos punibles que pudieren realizarse mediante la utilización o control efectivo final de una persona jurídica u otras estructuras jurídicas.
“Resulta importante conocer oficialmente a las empresas proveedoras del Estado en lo que se refiere a sus recursos como también las utilidades”, concluye la solicitud.
De acuerdo con el procedimiento que tiene que ver con los pedidos de informes a las distintas instituciones, se da un plazo de 15 días para que las mismas puedan responder.
Todos los casos mencionados con relación a Salud, Dinac y Petropar ya está en manos de la Fiscalía, y se aguarda celeridad.
