EFE
La propuesta fue debatida este lunes en Asunción, en una audiencia pública convocada por las comisiones de Pueblos Indígenas de la Cámara alta y la Cámara baja, donde también se discutió sobre otro proyecto que pretende sancionar la compra indebida de inmuebles a las comunidades de pueblos nativos.
El pedido de creación de una nueva institución que sustituya al actual Instituto Nacional del Indígena (INDI) pretende dotar de un mejor respaldo a las políticas sociales enfocadas a mejorar la situación de los pueblos originarios del país, ya que el 76% de sus miembros se encuentran en situación de pobreza extrema, según el Gobierno.
La entidad se llamaría Secretaría Nacional de Pueblos Indígenas (Senapi) y debería “orientar, coordinar, apoyar, proponer, promover, fomentar, gestionar, implementar, fiscalizar y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas y privadas para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”.
Asimismo los trabajadores y trabajadoras del INDI pasarían a formar parte de la nueva Secretaría.
La Senapi sería una “entidad autónoma, descentralizada y autárquica, única institución rectora y responsable de las políticas indigenistas del país”.
Un pedido que ocurre al tiempo que el Congreso evalúa los presupuestos generales del Estado propuestos por el Ejecutivo para 2016 y que recortan en casi el 50% el presupuesto para el desarrollo de las comunidades indígenas.
La rebaja es equivalente a unos 40.000 millones de guaraníes (unos USD 7,5 millones) en comparación con los recursos aprobados para el año en curso, que alcanzaron los 107.000 millones de guaraníes (unos USD 20 millones).
El otro documento considerado hoy en la audiencia pública fue el proyecto de ley que busca sancionar “la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales pertenecientes o destinados para el asentamiento de comunidades indígenas”.
El texto establece la nulidad en la adquisición de tierras o inmuebles pertenecientes a una comunidad nativa y en el caso de comprobarse una compra indebida, la ley establece como castigo una pena privativa de libertad de 2 a 5 años para el que adquiera irregularmente la propiedad.
Además, el proyecto determina la prohibición de certificación de firmas en contratos privados a los escribanos públicos, sin la autorización del Instituto Nacional del Indígena, caso contrario, será cancelado el registro que le fuere otorgado por la Corte Suprema de Justicia.
La población indígena paraguaya asciende a unas 120.000 personas, aproximadamente el 2% del total, en un país de unos 6,7 millones de habitantes.
La mayoría de las comunidades de los 20 pueblos nativos de Paraguay sufre de falta de tierras para subsistir, acceso a electricidad, agua potable, caminos, educación y salud pública.
El INDI también está encargado de dar respuesta a las tres sentencias en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en los últimos 10 años al Estado paraguayo por violar los derechos básicos de tres grupos de indígenas.
El cumplimiento de estas sentencias incluye el pago de expropiaciones de tierras, entre otros grandes gastos.
Las comunidades afectadas por las sentencias son Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xakmok Kasek, a las que la Corte Interamericana dio la razón y que esperan desde hace años que el Estado les facilite volver a instalarse en sus tierras ancestrales, de donde fueron expulsados ilegalmente por ganaderos.
