Para evitar el blanqueo de sus autoridades, varios colectivos ciudadanos de denuncia así como algunos miembros de juntas municipales insisten en el hecho de que órganos como Contraloría General de la República y Fiscalía General del Estado den definición a sus investigaciones.
Uno de los casos es el del intendente Alcibiades Quiñónez, quien hasta ahora burla los órganos de control, por astucia misma o por omisión de las entidades contraloras. Existe un expediente de la Contraloría que data de 2020 y que ya tiene expediente en la Unidad de Delitos Económicos para su investigación. La denuncia de supuestas irregularidades presentada sobre hechos que se suscitaron durante la pandemia es en el marco de licitaciones públicas hechas por el jefe comunal en el periodo 2020-2021. Se sospecha de irregularidades en contratos para plazas y casetas.
Nepotismo. En relación a Ñemby, la Fiscalía abrió una investigación al intendente Lucas Lanzoni por presuntos delitos de lesión de confianza y nepotismo. Se añade que existen varias denuncias de sobrecosto en obras que configurarían perjuicio al erario. Pese a las denuncias, los intendentes cuestionados esperan renunciar solo 90 días antes de los municipios como requisito para volver a postularse a cargos electivos.
