El Poder Ejecutivo autorizó ayer a Petropar, vía decreto, la transferencia de créditos para la modificación de las cuotas del plan financiero. El monto supera los 15.000 millones de guaraníes y no deja de llamar la atención que la mayor parte será para mantenimientos y servicios y 3.000 millones de guaraníes para servicios personales.
Establece que las autoridades de la estatal de combustibles serán responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la ley o su carta orgánica, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7º de la Ley Nº 1535/1999, de Administración Financiera del Estado.
DETALLES. En cuanto a la movida del plan financiero establecida en el anexo del decreto, se desprende que Petropar sacará del presupuesto de indemnizaciones más de 3.520 millones de guaraníes. Asimismo, utilizará del presupuesto de pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros la suma de 12.229 millones de guaraníes.
Del total de la suma habilitada, la titular de Petropar, Patricia Samudio, destinará al pago de gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones correspondientes a los meses de setiembre, octubre y noviembre la suma de 9.700 millones de guaraníes.
Asimismo, 3.500 millones de guaraníes tiene previsto destinar al pago por servicios técnicos y profesionales. Esto último no deja de sorprender a partir de que Samudio es blanco de duras críticas por la contratación de seccionaleros y funcionarios con salarios millonarios que hasta el momento no pudo justificar.
Asimismo, la titular de Petropar es motivo de polémica por contratación de modelos a quienes traslada en avión para eventos de la empresa.
Cuestionamientos. Pese a cuestionamientos, la Cámara de Diputados, aprobó esta semana una reprogramación presupuestaria de más de G. 28.000 millones para Petropar, para pagos de salarios y bonificaciones. La diputada Kattya González informó que la Comisión de Cuentas y Control dictaminó en contra de la propuesta argumentando que la presidenta de dicha institución, Patricia Samudio, no pudo justificar el pedido convenientemente.