El partido PMDB, un aliado clave del gobierno de Dilma Rousseff y que tendría a varios de sus miembros en la lista de sospechosos, da claras señales de rebeldía que ponen en peligro el ajuste fiscal que el país busca llevar a cabo para retomar el crecimiento de la economía, en su quinto año de magro desempeño.
El presidente del Congreso, el senador Renan Calheiros, y el de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, fueron señalados por la prensa brasileña a la cabeza de los políticos con fueros que podrían ser investigados por la fiscalía general si la Corte Suprema lo autoriza.
Los nombres de la lista no fueron divulgados porque las causas están bajo secreto judicial. Pero el fiscal general Rodrigo Janot, que presentó la solicitud, pidió el levantamiento de esa reserva. Ahora la Corte debe contestar.
La petición de que se autorice la investigación amplía el mayor escándalo de corrupción del país al escenario político, sacudiendo nuevamente al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en momentos en que ya lucha por contener las consecuencias económicas del caso.
Un funcionario, quien pidió no ser identificado debido a que el caso aún está bajo las normas de secreto, dijo que el fiscal general Rodrigo Janot pidió al tribunal que autorice 28 investigaciones independientes a 54 personas, muchas de las cuales se espera que sean políticos.
La oficina de Janot no entregó los nombres de los políticos que serán investigados, pero testimonios de los acusados que fueron parte de un acuerdo con la fiscalía y que se filtraron a los medios locales indican que la mayoría son miembros del Partido de los Trabajadores y sus aliados de su coalición en el actual Congreso.
Bajo la actual ley brasileña, los políticos y miembros del gabinete solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema. reuters-AFP