Este es el segundo intento de intervención contra Gómez. El primero, en el 2017, la Cámara de Diputados rechazó.
Sobre la falta de pago a funcionarios que se intensificó desde julio, el jefe comunal atribuyó a la poca recaudación. En total figuran ser 750 funcionarios. “Hay una evasión del 68% del pago de impuesto, de cada 100 personas solo 32 se acercan a pagar”, afirmó en conferencia de prensa el jefe comunal.
INCIDENTES. Previamente a las declaraciones de Gómez, funcionarios adherentes a él impidieron que concejales opositores hablen con los medios sobre la posible intervención. Esto fue dentro de la institución en medio de gritos y lanzando botellas de agua contra los concejales a quienes acusaban de ser cómplices del ex intendente Roberto Cárdenas.
El sistema de circuito actualmente no está en funcionamiento. Esto quedó en evidencia cuando la periodista Cristina Martínez –quien recibió un golpe en el rostro con una botella cargada con agua– solicitó las filmaciones para identificar al agresor. “El intendente dijo que no funcionaba, otros funcionarios del lugar dijeron que el martes se desconectaron a propósito las cámaras de todo el edificio”, relató en su cuenta del Facebook.
DENUNCIAS. En el dictamen a favor del pedido de intervención figura una deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal, que suma G. 15.754 millones, de los cuales G. 6.651 millones corresponden a deudas de la actual administración, mientras que G. 4.115 millones son del periodo 2010-2015, de la gestión del ex intendente Roberto Cárdenas. También señala que a raíz de la deuda generada, la Intendencia pactó con la Caja el pago de G. 1.056 millones, considerado como un reconocimiento extrajudicial y arbitrario.
