Una de ellas tiene que ver con el escándalo revelado por el influyente diario norteamericano The Washington Post sobre un acuerdo secreto entre el Gobierno paraguayo y el líder disidente venezolano Juan Guaidó, para reducir en un 50% la deuda que Petróleos Paraguayos (Petropar) tiene con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), y que involucra directamente a Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de gabinete del Gobierno de Mario Abdo Benítez. Aunque esta gestión finalmente no prosperó, existen muchas dudas sobre la intencionalidad del arreglo, lo cual ha llevado a que, tras una interpelación acerca del tema, se plantee un voto de censura contra Villamayor en la Cámara de Diputados.
Igualmente, ante diversas críticas y acusaciones de parcialismo en las actuaciones del Ministerio Público ante graves hechos de corrupción, se ha planteado iniciar un proceso de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien se reprocha que responde principalmente a los intereses del sector político interno del Partido Colorado que lidera el ex presidente Horacio Cartes.
Lo cuestionable es que la resolución de ambas cuestiones, tanto el voto de censura a la gestión de Villamayor como el posible pedido de juicio político a la fiscala general, actualmente está sujeta no al criterio de aquello que los dirigentes políticos consideren más justo para los intereses de la ciudadanía, sino librados a una perversa negociación de mantener espacios de poder, conforme a la puja de los movimientos o sectores y sus caciques políticos.
De ese modo, referentes de los movimientos internos del Partido Colorado, el de Colorado Añetete, que lidera el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, como el de Honor Colorado, conducido por el ex presidente Horacio Cartes, hablan abiertamente de ofrecer los votos para evitar la censura a Villamayor, a cambio de los votos para salvar a la fiscala general de un eventual juicio político.
En la principal fuerza de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el escenario es similar. Aunque el Directorio ha resuelto recomendar a sus legisladores que voten a favor de la censura, sin embargo, las dos bancadas, las que responden al actual presidente liberal, Efraín Alegre, y la del disidente Blas Llano, además de las otras dos del mismo partido, están claramente divididas y han resuelto dejar la decisión a cada diputado, abriendo el libre mercado de ofertas por cada voto.
Lamentablemente, a eso se ha reducido el ejercicio de la política en el Paraguay: a un verdadero cambalache de toma y daca como en los mercados de pueblos y ciudades, o como se ha puesto de moda en los grupos de redes sociales en internet, en donde todo se oferta y se intercambia al mejor postor. Una lamentable falta de principios de nuestra clase política, que daña terriblemente a la democracia.
