El principal objetivo de la ley es dar facultad a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de cobrar tasas con los servicios prestados para el cumplimiento de la aplicación de las disposiciones de su ámbito de competencia.
El proyecto regula drogas peligrosas en torno al control, comercialización, exportación e importación, tenencia, consumo y medidas de seguridad curativas, empleo ilícito de bienes, prevención y recuperación de la farmacodependientes, asistencia judicial recíproca, extradición, operaciones encubiertas, entregas vigiladas, agentes especiales, entre otros.