“Ellos no aceptan que se les transfiera las tierras de Campos Morombí, no quieren aceptar que mi cliente, propietario por decisión judicial, transfiera la propiedad. No quieren la transferencia, sino el arrebato y por eso se hace tan largo este proceso”, sostuvo ayer Peña Gamba.
Agregó que no ve nada malo en el comunicado emitido por el instituto agrario porque tiene un “fin loable que busca consensuar”.
“Nunca dijimos que no íbamos a ceder las tierras para el Estado y que se use como la ley manda”, refirió.
El letrado alega que esas tierras, según varias leyes, son parte de una reserva forestal y no deben ser destinadas a la reforma agraria. Comentó que la propiedad sigue a nombre de la Industrial Paraguaya y que luego pasó a manos de Campos Morombí, por decisión judicial.
En la primera demanda, el Estado paraguayo desistió de la apelación y esas tierras siguen perteneciendo a la familia Riquelme aunque nunca fueron inscriptas, por lo que sigue a nombre de la Industrial.
“El primer juicio que inició el Estado es en contra de la Industrial por obligación de hacer escritura pública (que la Industrial Paraguaya le transfiera el terreno) con lo cual el Estado reconoció que es de la Industrial y no del Estado. En ese juicio, la Industrial contesta que una sentencia judicial adjudicó a Campos Morombí y por ello no podían ceder al Estado”, relató Peña Gamba.
Se quejó porque algunos grupos sociales quieren utilizar el caso para legitimar hechos delictuosos que ocurrieron en la finca 72 y no en Marina Cué, en junio de 2012.