El jueves pasado, mediante un decreto se dieron por terminadas las funciones de 8 procuradores delegados.
El hecho se dio de manera sorpresiva, ya que varios de los afectados se encontraban ahí desde hace varios periodos de gobierno, donde se evaluó su rendimiento para seguir ocupando esos espacios.
El procurador general, Marco Aurelio González, indicó que puede tomar esa disposición debido a que se trata de cargos de confianza y que para llenar las vacancias, tiene planeado llamar a concurso.
Sin embargo, ya se designó a cuatro de los ocho procuradores delegados sin el concurso mencionado por González.
Se trata de Osvaldo Guzmán Caballero Bejarano, Víctor Alejandro Llamosas, Laura Vera Zaldívar y Gonzalo Magín Gómez Forzley. Este último se desempeñaba como director general jurídico de la PGR y fue reasignado como procurador delegado.
El tijerazo no solo alcanzó a los procuradores delegados, sino también a 5 funcionarios que se desempeñaban en el área administrativa y en la asesoría.
Trascendió que el cambio de gobierno y la disputa por el Consejo de la Magistratura tuvieron sus efectos colaterales en la institución.
Con esta maniobra, según denunciaron, la intención es dar esos espacios a personas que acompañen la candidatura de Gerardo Bobadilla.
Marco Aurelio González forma parte del equipo del asesor jurídico del presidente Santiago Peña, Roberto Moreno, y del ex miembro del JEM, Jorge Bogarín.
