Amarilla reconoció que la falta de credibilidad es uno de los flagelos que harán debilitar a los partidos como el suyo si es que no depuran de sus filas a las personas que no gozan de buena reputación.
“En algún momento tenemos que entrar con esa rigurosidad porque finalmente quien queda perjudicado es el nombre del PLRA”, sostuvo.
Amarilla dijo que en una convención solicitará que se excluya directamente del padrón a las personas que no gozan de buena reputación e intenten acceder a cargos en representación de los liberales.
El vicepresidente del PLRA, Líder Amarilla, anunció que la medida más que extrema es necesaria ante tantos casos en que el partido tolera que personas entren a cargos electivos en su representación.
“Voy a proponer que para acceder a representar al partido los requisitos sean más rigurosos como en otros países, donde incluso los partidos se reservan el derecho de no inscribir a quienes tienen antecedentes y no gozan de buena reputación”, adelantó. Citó casos como las intendencias que responden al llanismo como las de Raúl Mendoza, intendente imputado en dos causas durante su gestión en la ciudad de San Antonio. También señaló los graves casos que implican a Armando Gómez, de la Municipalidad de Lambaré, que será intervenida por el Ejecutivo.
“No pueden seguir representando a la Lista 2 personas así. No podemos decir directamente que son delincuentes porque no hay una sentencia que diga eso, pero presumimos que están metidos en actos de corrupción. Están los casos de J. Augusto Saldívar, el caso de San Antonio, es decir, debemos ser más exigentes y rigurosos en la selección de candidatos. Que no haya más imputados o procesados o gente de dudoso antecedente en el partido”, propuso.
polémicos. Varios son los casos en donde los liberales están salpicados por corrupción. Así (ver info), Daniel Báez, intendente de J. Augusto Saldívar, imputado por lesión de confianza y daño patrimonial por un monto de G. 1.000 millones; Armando Gómez, actual intendente de Lambaré, tiene encima la imputación por lesión de confianza y estafa por presunto perjuicio de G. 41.000 millones en su administración. En Ypané, el intendente Horacio Ortiz está imputado por lesión de confianza con un perjuicio presunto al municipio de G. 1.093 millones de fondos del Fonacide. Raúl Mendoza, intendente de San Antonio, está imputado por hecho punible de lesión de confianza. Presuntamente causó un daño patrimonial de G. 1.200 millones.
PARLAMENTARIOS. En la mira de la justicia también están los parlasurianos Milciades Duré y Enzo Cardozo. También el diputado Carlos Portillo, quien está desaforado al igual que su colega Teófilo Espínola