La ley en cuestión planteaba subir del 20% al 40% el margen de preferencia en las contrataciones públicas a favor de productos y servicios de origen nacional. Para argumentar sobre el veto, anoche brindaron una conferencia de prensa la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, el canciller nacional, Antonio Rivas, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Didier Olmedo.
Cramer explicó que en el considerando del decreto se menciona que la medida emanada del Congreso tendrá un carácter permanente en los procesos de compras públicas a través del tiempo y no estará sujeta a la temporalidad de la emergencia por la pandemia que azota al país y al mundo.
Además, argumenta que la propuesta de aplicación de un margen de preferencia fijo del 40% en general resultaría ineficiente, considerando que no existen evidencias empíricas que sustenten una mayor preferencia hacia los productos y servicios nacionales, de acuerdo con la ministra.
También hizo mención a que cualquier modificación a los regímenes reglados que tienen incidencia en el relacionamiento externo deben necesariamente considerar el contexto internacional y sus implicancias, cuidando preservar la imagen del país como previsible y confiable.
La ministra hizo mención también a que el Protocolo de Compras Públicas del Mercosur se centra en los principios de no discriminación y trato nacional, que no permite el uso de compensaciones especiales que requieran contenido local para su aplicación, como el margen de preferencias de precios.
Como respuesta a la sanción de la ley, el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) emitió un comunicado, criticando la normativa como inconstitucional y que atenta contra el libre comercio.
También argumentó que la determinación va a resultar en una disminución de la calidad y eficiencia de los productos proveídos, generando un sobrecosto del 40% en las compras del Estado.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Gustavo Volpe, defendió la tesis de elevar al 40% el margen para beneficiar a la manufactura local, actualmente golpeada por efectos de la pandemia.
40
por ciento es el margen de preferencia al que se pretendía llegar en las adquisiciones del Estado.