Tras tomar juramento el pasado 8 de noviembre, la primera medida fuerte de Paz fue el Decreto 5503 que, entre otras disposiciones, retiró el subsidio a los combustibles que rigió desde hace más de 20 años y que, según las nuevas autoridades, ya era insostenible porque suponía un fuerte gasto y dio lugar a actos de corrupción.
El decreto, emitido el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone incrementos de 86 % y del 162 % respecto a los costes subvencionados de estos combustibles.
RECHAZO Y BLOQUEOS. La norma es resistida por sindicatos y sectores que fueron aliados políticos de los Gobiernos izquierdistas de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), como la Central Obrera Boliviana (COB), las federaciones de mineros, maestros, fabriles y campesinos.
Estos sectores realizan protestas callejeras en La Paz desde el pasado 22 de diciembre y el fin de semana marcharon desde el altiplano hasta esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo, para exigir al Gobierno la abrogación del decreto 5503.
La COB también instruyó el bloqueo de vías desde el martes, medida que sobre todo afecta al departamento de La Paz y es acatada por campesinos y maestros de áreas rurales. También hay rutas cortadas en las regiones de Oruro, Potosí, Beni, Santa Cruz y Cochabamba.
En La Paz, los sindicatos de maestros se repartieron en distintos sectores para hacer bloqueos callejeros e impedir el paso hacia la ciudad vecina de El Alto, mientras que otro grupo marchó por el centro histórico de la sede del Gobierno. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) calcula que se pierden 60 millones de dólares por cada día de bloqueo de carreteras. EFE
