El artículo 68 de la Ley 4743/2012 establece que los partidos o movimientos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones o contribuciones de: a) entidades extranjeras, b) entidades y empresas del Estado, c) personas en relación de dependencia (descuentos de sueldos), d) asociaciones patronales o gremiales, e) anónimos, f) montos superiores a 10.000 jornales mínimos (G. 843.400.000).
La misma legislación establece que las agrupaciones políticas deben presentar sus rendiciones de ingresos y gastos de campaña al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y es aquí donde se puede ver cómo los números están maquillados o se utilizan recursos para mantener oculto el origen de los aportantes, como el caso de los bonos.
De más está recordar cómo los propios políticos del Partido Colorado señalaron públicamente que el ex presidente Horacio Cartes aportó dinero para la campaña política que llevó a la Presidencia de la República a Mario Abdo Benítez, pero en los informes presentados al TSJE no figura este dinero ni el nombre de Cartes.
BONOS. El caso de los bonos al portador, que utilizan bastante agrupaciones como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) o el partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), son formas de mantener en el anonimato a aportantes de las campañas.
Estos partidos emiten bonos por diferentes montos que van ofreciendo para poder juntar dinero para la campaña, y para que el negocio sea atractivo para el aportante, estos en realidad aportan menos dinero de lo que dice el bono, de manera a lograr ganancias cuando cobren.
Para las municipales del 2015 los liberales emitieron bonos por G. 10.000 millones, mientras que el Unace lo hizo por el monto de G. 5.225 millones. Si bien en los informes figuran a quiénes cada partido repartió estos bonos, la práctica es que estos deben “colocar” dichos bonos, que son al portador, por lo que no se sabe quiénes son los dan dinero por estos bonos.
En la rendición por las Elecciones Generales 2018, el PLRA indicó que obtuvo fondos a través de un préstamo con el Banco Continental de G. 15.654.884.873, y luego otro monto de G. 14.078.809.279 lo obtuvo a través de “otros ingresos”, que serían los dichosos bonos.
En el caso del Unace, para la campaña del 2018 también obtuvo la suma de G. 9.350 millones a través de “otros ingresos”, siguiendo la línea de los liberales, y solamente figura una contribución de G. 9.439.000 que figura “sin nombre”.
Los partidos emiten bonos para juntar dinero para la campaña y luego pagar cuando reciben los subsidios electorales, pero como el Estado demora en pagar estas deudas se acumulan y terminan a veces en demandas judiciales, como el caso de la propia diputada Celeste Amarilla, que demandó al PLRA, que acumuló una deuda de unos G. 1.800 millones por los bonos del 2015 solamente.
10.000 millones de guaraníes en bonos emitió el PLRA para las municipales del 2015 y Unace G. 5.225 millones.
