Aunque las responsabilidades son personales, hay actitudes que enlodan y arrastran a las organizaciones a las cuales pertenecen. Es lo que sucede con los legisladores y dirigentes políticos involucrados en graves delitos de corrupción y tráfico de influencia, revelados por las grabaciones de charlas telefónicas filtradas por la prensa, que además de concitar la indignación ciudadana han generado varios casos de imputaciones y procesos por parte de la Justicia, además de obligadas renuncias a cargos electivos y a ser miembros de organismos estatales.
Llamativamente, los principales partidos políticos a los cuales pertenecen los legisladores y dirigentes involucrados no han asumido hasta ahora posturas públicas institucionales al respecto, guardando un lamentable silencio que los convierte en cómplices de la situación.
Uno de los ejemplos más significativos que afectan a la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, es el del ex senador oficialista Óscar González Daher, principal involucrado en la mayoría de los hechos delictivos evidenciados por los audios publicados. González Daher fue obligado a renunciar como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y se convirtió en el primer legislador expulsado de la Cámara de Senadores, pero sigue figurando como candidato en los primeros lugares de la lista de senadores del coloradismo para las próximas elecciones generales de abril.
Aunque algunos dirigentes han opinado sobre su caso y adoptado posturas personales, el Partido Colorado ha evitado pronunciarse institucionalmente al respecto, lo cual lleva a interpretar que protege o ampara a su candidato acusado de corrupción, al igual que a los demás involucrados del mismo partido.
Una situación similar afecta a la primera fuerza de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en donde uno de los principales políticos implicados es el diputado liberal por Alto Paraná, Carlos Portillo, quien también fue grabado ejerciendo tráfico de influencia y reclamando dinero a cambio de su intervención en un caso judicial. El legislador está imputado por la Fiscalía Anticorrupción por delitos de tráfico influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Además, en una sesión extraordinaria de la Cámara Diputados, convocada para hoy se plantearía su desafuero.
Hasta ahora, sin embargo, el PLRA no se ha pronunciado sobre la situación de su asociado.
Mientras la ciudadanía reclama medidas que ayuden a limpiar la podredumbre en organismos como la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso, las cúpulas políticas aparecen como cómplices.
Es necesario que marquen distancias y depuren sus filas, si buscan seguir contando con la confianza ciudadana.