Ayer, con adherentes al titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se realizó la audiencia de imposición de medidas cautelares. Al inicio, estaban solo Alegre, con sus abogados Guillermo Duarte y Rubén Ocampo ante la magistrada Lovera.
Al ingreso a la sala hubo aglomeración de gente, y el político pidió a los gritos que entren sus familiares. Al final, solo se le permitió ingresar a la esposa. Después, la jueza le pidió que se sacara la bandera que tenía por el cuello, porque está prohibido cualquier tipo de símbolos en audiencia. Ante las quejas de Alegre, que interrumpían a la jueza, la misma golpeó el martillo para llamarle la atención.
Luego, la defensa requirió la eximición de medidas, ya que la imputación señalaba hechos imposibles, porque sostiene que se presentó el 1 de junio del 2018, pero el documento falso era del 13 de julio. Criticaron la imputación y que ni el mismo fiscal estaba para aclarar las dudas. Alegre sostuvo que al ser candidato no podía administrar fondos de campaña.
Después, rectificó la imputación. Dijo que recibió el lunes informes del Tribunal Superior de Justicia Electoral por lo que quería rectificar las fechas de los documentos. Afirmó que el 1 de abril del 2019, se presentaron los documentos falsos por el imputado Efraín Alegre, y que luego se pidió excluir la nota, pero aún no se resolvió.
Ante esta nueva rectificación, la jueza dio tiempo a la defensa para ver los documentos. Guillermo Duarte alegó que eran hechos nuevos, y pedía aclarar la nueva imputación. Es más, que los mismos documentos indican que Alegre no recibió la factura falsa. El fiscal señaló que no cambiaron los hechos.
Al final, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes donde decidirá la medida cautelar.
Caravana y OEA. Mientras Efraín comparecía ante la jueza, sus partidarios realizaron una caravana de repudio a la acción judicial en los alrededores del Palacio de Justicia. Asimismo, denunciaron ante la Organización de Estados Americanos la presunta persecución política por parte de la justicia a la oposición, en la persona de Alegre y la “alteración del Estado de Derecho”. El apoderado Rubén Ocampos presentó el escrito en el que piden que el órgano internacional envíe una misión para resguardar los derechos de sus ciudadanos”.