La Justicia paraguaya aún está en deuda con las personas de tercera edad y con los grupos indígenas, según las conclusiones dadas a conocer ayer por el Centro de Estudios Judiciales sobre una consulta regional que realizó con organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, reconocieron que existen varios puntos en los cuales nuestro país está bastante más adelantado que otras naciones.
La consulta fue hecha a las organizaciones integrantes del Observatorio de Acceso a Justicia de América Latina y el Caribe que aglutina a 27 organizaciones de la sociedad civil y redes civiles de la región.
El trabajo de las ONG se relaciona con grupos de la población consideradas vulnerables. Se quiere fortalecer la protección de las personas con la vigilancia y monitoreo del acceso a la justicia.
Según María Victoria Rivas, del CEJ, la consulta se hizo a las organizaciones de 15 países y a seis del Paraguay, sobre defensa pública, especialización del personal, actuación interdisciplinaria, oralidad, anticipo probatorio, entre otros.
RESULTADOS. Entre los puntos principales están la asistencia técnico-jurídica (defensa pública), que es reconocida en todos los países de la región. Los sectores de niñez/adolescencia y víctimas de delitos sí cuentan con atención por personal especializado.
Acotan que la modalidad de servicio pro bono solo existe en Chile y Colombia, y en el Paraguay iniciaron la organización al respecto. Sobre la especialización del personal, la mayoría de los países tienen órganos especializados para casos de niñez y comunidades indígenas.
Es en este punto, según el CEJ, es el déficit paraguayo, ya que no cuenta con personal especializado para atender reclamos de personas de tercera edad y a los pueblos indígenas, que necesitan traductores.
Un punto positivo es que la mayoría de los países tienen equipos de diversas disciplinas para atender a las personas en situación de vulnerabilidad.
Con respecto al plazo legal máximo, la mayoría de las legislaciones reconoce este derecho. Sobre el anticipo de prueba para evitar la revictimizar, solo hay en Paraguay, El Salvador, Perú y República Dominicana.
El trabajo será en tres etapas, y la segunda serie de consultas se iniciará en el mes de marzo, según acotó María Victoria Rivas, del CEJ.
NO SE COMPRENDEN ACTUACIONES
Otro punto visto en la consulta es que en algunos países existe la obligación de redactar las notificaciones judiciales para lograr una mejor comprensión de los destinatarios. Este punto tampoco es tenido en cuenta en Paraguay, Bolivia y Colombia.
El acceso a la información sobre procesos judiciales es un derecho reconocido en todos los países, pero que este derecho no se brinda adecuadamente a personas con discapacidad.
Con respecto a la oralidad de las actuaciones, la mayoría la promueve para la celeridad de los procesos. Sobre las formas alternativas de resolución de conflictos, solo se dan en algunos naciones.
Finalmente, se hablan de intérpretes, de la proximidad física de la justicia y de las nuevas tecnologías.
