Entre los más recientes figura la sentencia a Paraguay por considerar arbitraria la destitución en 2003, de los ex ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Bonifacio Ríos Ávalos y el ya fallecido Carlos Fernández Gadea.
La Corte consideró que no es factible que Bonifacio Ríos sea reincorporado a la CSJ, por lo que estableció una indemnización de USD 605.000 para este ex ministro; y de USD 295.000 a los herederos de Fernández Gadea.
Paraguay se expone a otra condena de la Corte IDH a pagar resarcimiento en el caso del ex fiscal Alejandro Nissen. En abril del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que presentó el caso del ex fiscal Alejandro Nissen contra el Paraguay ante la Corte IDH, debido a la responsabilidad internacional del Estado por la violación de garantías judiciales en procesos en contra del ex agente del Ministerio Público, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que lo removió como agente fiscal penal.
Nissen investigaba varios casos de corrupción y en marzo del 2002, se presentó una denuncia ante el JEM por mal desempeño en sus funciones. Lo destituyeron en abril del 2003 y en el 2004 la CSJ rechazó una acción de inconstitucionalidad que planteó. La Corte IDH también sentenció en dos oportunidades al Estado paraguayo por la muerte de soldados, y también fue escenario de otros tres acuerdos amistosos con los familiares de víctimas en las Fuerzas Armadas. Las muertes y desapariciones de soldados en servicio llevaron al Estado paraguayo, en cinco oportunidades, ante dicho tribunal, donde hubo dos condenas y tres acuerdos de solución amistosa con los familiares de las víctimas.
La instancia judicial regional también emitió sentencia contra el Estado paraguayo en casos vinculados con violaciones a la propiedad comunitaria de pueblos indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek. También condenó a Paraguay en el caso Ricardo Canese, vinculado a libertad de expresión.