Un video de estudiantes de un colegio teniendo sexo en la calle, un portal de noticias falsas y una filmación propagandística del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Son solo tres de los varios delitos informáticos que se cometieron en la semana que pasó y que reflejaron que, a pesar del aumento de los hechos punibles en la web, los organismos de seguridad paraguayos aún están con pocos recursos para prevenir, investigar y sancionar estos casos.
Con un solo agente para indagar todos los ciberdelitos que se registran en el país, la Fiscalía potencia lentamente la unidad de Delitos Informáticos, con técnicos propios y del Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Si bien ya son varias las condenas logradas por esta unidad del Ministerio Público, los investigadores aún cuentan con pocos recursos y una débil infraestructura en la prevención e investigación de los casos.
La ola de ataques a páginas gubernamentales que se produjo con la destitución del gobierno de Fernando Lugo, en la que incluso participó el grupo internacional de hackers Anonymous, dejaron en evidencia que los mecanismos de prevención aún son débiles en las páginas del Gobierno.
LEGISLACIÓN. Para el diputado David Ocampos, titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, la legislación existente en cuanto a delitos informáticos en Paraguay es una de las más avanzadas de la región.
La ley n.° 4439/2011 establece penas de hasta cinco años de prisión y sanciona delitos como sabotaje de sistemas informáticos, estafa mediante sistemas informáticos y acceso indebido a datos, entre otras figuras penales.
“En materia legislativa hay muy poco que nos resta hacer. El Código Penal es bien completo sobre los delitos que se cometen a través de internet. Hace falta más educación”, indicó el diputado.
En ese sentido, mencionó que las proveedoras de internet Tigo y Personal actuaron incorrectamente al bloquear a sus usuarios el acceso a la página abcolor.me, un sitio denunciado por el diario Abc Color por la utilización de su logo. “La evolución de internet se debe a que la información ahí es libre”, recordó.
DELITOS. Los casos de ataques a páginas de empresas o instituciones públicas, como las que se registraron en los sitios oficiales del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom) y de la Presidencia de la República, se encuadran dentro de las figuras penales acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos sensibles.
La ley establece que los autores de ambos delitos pueden ser penados con hasta tres años de prisión, aunque el móvil de los hackers no haya sido económico.
Otro de los delitos más detectados es el de estafas a través del método conocido como phishing, en el que el estafador se hace pasar por alguna entidad para conseguir información confidencial.