En los próximos meses un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) visitará el Paraguay en el marco de la cuarta ronda de verificación sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Nuestro país aceptó incorporar modificaciones en su marco legal para combatir este flagelo y, en este sentido, mostró avances con la promulgación de la ley que eliminó las acciones al portador que ahora está en proceso de conversión a acciones nominativas.
Con esto lo que se busca es que los órganos de control cuenten con un registro de los beneficiarios finales de las empresas, a fin de poder combatir y castigar prácticas de lavado de activos.
También se promulgó la nueva ley de bancos que faculta en el artículo 86, la posibilidad de que órganos de inteligencia, como la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) y la Fiscalía rompan el secreto bancario y verifiquen movimientos extraños de divisas.
Estos han sido importantes, pero totalmente insuficientes si se tiene en cuenta que en la evaluación prevista para los próximos meses el mayor énfasis estará en la efectividad.
Qué quiere decir esto, que los técnicos vendrán a revisar si lo que está escrito en las leyes es cumplido a cabalidad por los órganos competentes y que existen sanciones a quienes realizan prácticas de lavado de dinero. A principios de este año, vino al país un experto en combate al lavado de activos, que de hecho fue miembro de Gafilat para hacer una simulación de lo que será evaluación sobre el Paraguay.
Los resultados de aquella prueba de ensayo fueron desastrosos, pues no se observaron resultados que demuestren que la Justicia paraguaya es efectiva a la hora de castigar estas prácticas fraudulentas.
A esto, hay que sumar el escándalo que significa que hasta hoy Darío Messer, íntimo amigo del presidente de la República, Horacio Cartes, esté investigado por liderar una red de lavado activos internacional y siga prófugo.
Preocupa también que los manejos sospechosos de divisas de Messer se habían reportado en dos bancos de plaza ya en el año 2015 ante la Seprelad; sin embargo, el organismo remitió los informes al Ministerio Público recién en abril de este año.
Además, todo el escándalo del caso Messer explota recién cuando concluyen las elecciones generales y el partido de Gobierno logra una victoria por un muy estrecho margen. Así, queda la duda si se ocultó información.
La semana pasada en una reunión internacional de técnicos sobre lavado de dinero que se realizó en Buenos Aires, Argentina, el ministro de Justicia de ese país, Nicolás Negri, quien también forma parte del equipo asesor de Gafilat advirtió sobre el énfasis que se pondrá en esta cuarta ronda de evaluación a los países sobre la cuestión de efectividad.
Afirmó que una justicia lenta y organismos permisivos “no sirven” y, claramente, los evaluados que no hayan mostrado avances corren riesgo de retornar a la lista gris de los no cooperantes. Paraguay ya fue sancionado en 2008 con este estatus, en 2012 logró salir de la lista, pero para esta evaluación, hay serias dudas. Las consecuencias para el sistema financiero y la imagen país será nefasto si no se logra aprobar este examen.
