La concesión de este fondo supone “el puntapié inicial para la identificación de los restos de víctimas de la dictadura en Paraguay”, de quienes se han hallado hasta ahora cerca de 29 cuerpos, afirmó el director de Reparación y Memoria Histórica de Paraguay, Rogelio Goiburú.
Además, se investiga la identidad de otros cinco cuerpos encontrados de forma casual a principios de año por unos obreros en la localidad de Paso de Patria, al sur de Paraguay, y que se presume que podrían pertenecer a desaparecidos en la dictadura argentina (1976-1983).
El fondo permitirá contratar los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabajó junto con las Abuelas de Plaza de Mayo en la identificación de nietos de desaparecidos en la dictadura de ese país, y colabora hoy en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (México).
El director del Incecip, Juan Martens, precisó que este ente sólo tendrá un rol de “administrador de los fondos” para el EAAF, dado que el Estado paraguayo no puede contratar de forma directa a un organismo extranjero.
Por su parte, la ministra de Justicia, Sheila Abed, consideró la identificación de víctimas como “un avance para la reconciliación” y para “mirar al futuro con esperanza”.
En declaraciones a Efe, el director de Memoria Histórica de Paraguay detalló que el EAAF ejecutará un examen macroscópico de los huesos, tomando mediciones para determinar la estatura, sexo y edad de las víctimas, así como la causa de la muerte y el momento en que fueron enterradas.
Después, extraerán muestras de sangre de los familiares de las víctimas para compararlas con el ADN hallado en los restos.
Además, se trabajará para establecer por primera vez el perfil genético de los paraguayos.
Para ello, se prevé extraer sangre a una muestra aleatoria de 600 personas localizadas en cuatro puntos del país: la región occidental o Chaco, Ciudad del Este, Encarnación y Asunción.
Goiburú explicó que este perfil genético servirá para cotejarlo con las muestras de los familiares para la identificación de las víctimas, pero también será útil a la Justicia paraguaya en investigaciones criminalísticas o de filiación.
Por otra parte, lamentó los escasos avances en los procesos contra represores de la dictadura, a pesar de que Paraguay, a diferencia de otros países de la región que también padecieron dictaduras en el marco del Plan Cóndor, carece de leyes de amnistía o de “punto final” que puedan dificultar los juicios por el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
Aseguró además que “la corrupción en la Justicia paraguaya”, que es “una herencia de la impunidad”, desalienta a muchas víctimas a presentar testimonios para encontrar a sus familiares desaparecidos.
El régimen militar de Alfredo Stroessner dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados, detuvo a casi 20.000 personas que en su mayoría padecieron torturas, y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia publicado en 2008.
