El documento señalado está vigente desde fines del año 2022 sin que haya sido objeto de difusión masiva y, sobre todo, de las medidas que implicarán y de sus impactos más allá de los indicadores señalados textualmente en el documento, que en la mayoría de los casos deben ser con urgencia analizados.
La situación se agrava si se considera que la firma del documento se realizó al final de una gestión de gobierno y de manera muy cercana a nuevas elecciones, lo que conllevará cambios en las autoridades administrativas y políticas. El nuevo gobierno se encontrará con serios problemas macroeconómicos y de corrupción, al que ahora se suma un acuerdo firmado por quienes contribuyeron a generar algunos de los problemas actuales y no implementaron medidas de reforma en los ámbitos que se señalan en el instrumento.
La semana que pasó ya se realizó una misión de evaluación para analizar la evolución del cumplimiento. El documento señala que los esfuerzos de reforma de las autoridades estarán anclados en tres pilares claves: (i) garantizar la estabilidad macroeconómica; (ii) mejorar la productividad y fomentar el crecimiento económico, y (iii) mejorar la protección social.
Una de las consecuencias en el corto plazo será impulsar algunos proyectos de ley que ya se encuentran en el Congreso, como la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, la Ley de Comportamiento Gubernamental en Años Electorales y la Ley del Servicio Civil, entre otros. Además, está prevista la presentación de nuevos proyectos de ley como la ley de pensiones y la ley de formalización del empleo, entre otras.
No cabe duda de la relevancia de la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y la protección social. El gran desafío es lograr que los mismos beneficien a la mayoría y principalmente que contribuyan a la calidad de vida y a la reducción de las desigualdades.
Paraguay ha tenido casi dos décadas de estabilidad y crecimiento, lo cual ha permitido que el país haya pasado de ser un país de ingreso medio bajo a uno de ingreso medio alto. Sin embargo, su nivel de desarrollo se mantiene por debajo de otros con ese nivel de ingreso.
Uno de los mayores problemas es la falta de convergencia entre el crecimiento económico y el mercado laboral. Si bien el nivel de empleo es alto y Paraguay tiene una de las mayores tasas de participación económica, la informalidad laboral, la precariedad de las ocupaciones y los bajos niveles de ingreso laboral afectan a la mayor parte de la población trabajadora.
La protección social se ha segmentado y fragmentado en programas para la población en situación de pobreza y el trabajo en relación de dependencia, cubriendo a no más del 40% de la población. El 60% restante permanece sin mecanismos de protección de ningún tipo.
Las medidas del FMI no cuentan con buenos antecedentes. Las políticas de ajuste estructural implementadas en los años ochenta y noventa afectaron a la calidad de vida de la población y condujeron a un aumento de la pobreza en la mayoría de los países de la región.
Las reformas que deban llevarse en el país deben ser diseñadas y aprobadas dentro del país. Con esos acuerdos debe ser solicitada la cooperación de los organismos internacionales, más aún en un contexto en el que las autoridades han perdido legitimidad política y por eso no han logrado establecer acuerdos con su propia comunidad.