Las recientes designaciones en la lista de significativamente corruptos, anunciadas la semana pasada por el embajador de los Estados Unidos Marc Ostfield, generaron en ciertos sectores una ola de inesperado patriotismo. Se reclama que las mismas socavan nuestra independencia y soberanía.
El Gobierno de los EEUU amplió la lista de funcionarios y ex funcionarios paraguayos declarados significativamente corruptos, al designar como tales a Édgar Melgarejo Ginard, ex presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por haber socavado la fe del público en la respuesta del Gobierno a la pandemia del Covid-19; Jorge Luis Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y a Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, funcionario del Poder Judicial, ambos por “socavar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial de Paraguay y de otras instituciones públicas”.
Estos tres casos refieren a actos de malversación de fondos públicos e interferencia en los procesos judiciales para beneficio propio, respectivamente. No debería haber sido necesario anuncio alguno de una embajada extranjera, un país amigo, si nuestro propio sistema de justicia investigara y castigara la corrupción pública como corresponde.
Casi inmediatamente al anuncio ya se han visto algunos resultados. El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema ordenó una auditoría de gestión en la causa penal y el sumario administrativo al que fue sometido el actuario Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, sobre supuestos hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y producción de documentos públicos de contenido falso en 2019.
En cuanto a otra institución fundamental, la Fiscalía General del Estado, después de que ya pasaron ocho meses desde la inclusión de, tanto el ex presidente de la República Horacio Cartes como el actual vicepresidente Hugo Velázquez en la lista de significativamente corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nada avanzaron en las investigaciones. La Fiscalía no había iniciado un caso penal contra Cartes porque decían que las sospechas de Estados Unidos se iban a juntar a una de las investigaciones ya abiertas. Tampoco habían solicitado informes con relación al ex mandatario al Departamento de Estado, aunque sí lo hicieron en el caso de Velázquez.
Ahora el nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, reasignó el caso a otros agentes ante los nulos avances y conformó un equipo de investigación constituido por fiscales de la Unidad Anticorrupción, y adhirió a la investigación a un fiscal de la Unidad contra el Narcotráfico.
Ha resultado bochornoso para los paraguayos de bien conocer las designaciones de significativamente corruptos de un ex presidente de la República, un vicepresidente aún en ejercicio, un ex director jurídico de Yacyretá, así como el diputado colorado Ulises Quintana, el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y senador colorado, Óscar González Daher, y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto con su esposa María Selva Morínigo. Igual de vergozoso ha sido atestiguar la indolencia de nuestras instituciones.
No podremos vivir una auténtica democracia sin una Fiscalía General que cumpla con el rol que le asigna la Constitución Nacional, y sin un poder judicial que garantice autonomía e independencia de los grandes poderes económicos y políticos. Nuestra independencia y nuestra soberanía serán cuestionadas permanentemente mientras las instituciones del ámbito de la justicia necesiten el dedo acusador de una embajada para investigar y castigar a corruptos.
