El ministro Ríos afirmó que una solución parcial a la crisis penitenciaria podría ser la implementación de cárceles privadas, como ocurre en otros países.
“Tenemos 77 por ciento que están procesados, privados preventivamente de su libertad. Con esta gente no podemos hacer ningún trabajo de reinserción. A mí me gustaría poner en el debate la posibilidad de tener penitenciarías donde la gente que pueda, pueda pagarlo (sic)”, expresó.
“Porque el Estado tiene problemas de educación, salud, que yo creo que son prioritarios también. A pesar de que también es una obligación estatal las penitenciarías. Pensar en penitenciarías privadas. Yo creo que deberíamos ponerlo en debate”, añadió.
Al respecto, el criminólogo Martens sostuvo que el modelo de cárceles privadas no funcionó en otros países. “La experiencia latinoamericana es que no ha funcionado, que es lo que tenemos más cerca. ¿Por qué repetir lo que no ha funcionado? No podemos crear estructuras de hoteles penitenciarios, donde puedan pagarse los penitenciarios, cuando en realidad con otras medidas de intervención se puede solucionar sin mucho dinero”, señaló Martens, quien realizó una investigación académica sobre la presencia del PCC en Paraguay.
Sobre el punto, recordó que el 1 de enero de 2017 el PCC mató a 56 personas en una cárcel privada de Manaus, Brasil. “La solución no es la privatización de las cárceles. Es algo muy atractivo pensar. En Brasil hay muchísimas cárceles concesionadas desde hace bastante tiempo gobernadas por facciones”, agregó.
En ese sentido, dijo que una medida para disminuir el campo de acción del PCC sería cortar las comunicaciones telefónicas en las cárceles. Ante esto, Ríos respondió que los inhibidores para teléfonos cuestan de 2 a 3 millones de dólares y que se necesitan uno en cada una de las 17 cárceles de todo el país. Advirtió que hoy hay 16.300 presos y lugar solo para 9.000, a lo sumo.
