Al término, el vocero de los gremios, José Pineda, señaló que las negociaciones están trabadas y denunció que incluso autoridades del Ejecutivo rechazaron el diálogo con los representantes sindicales. En ese sentido, criticó las posturas tomadas por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Petropar y Aduanas.
Recordó que en la reunión pasada se había acordado un plazo máximo de 15 días para llegar a un consenso sobre el pago de los beneficios, pero el diálogo no avanza. Dicho plazo vence el próximo 19 de febrero.
“Estamos un poco preocupados porque nos pusimos 15 días para llegar a un acuerdo y peligrosamente estamos acercándonos a ese plazo sin resultados. Igualmente, seguimos manifestando nuestra intención de dialogar y consensuar”, expresó.
Medidas de fuerza. El vocero de los empleados públicos recalcó que el cierre del plazo administrativo para la preparación del pago de salarios de febrero está previsto para la semana entrante, por lo que les urge llegar a un acuerdo, recordando que en enero ya sufrieron los recortes.
Advirtió que en caso de no llegar a un acuerdo en el plazo previsto, estarían llevando adelante nuevas movilizaciones. Adelantó que, incluso, tiene en carpeta la realización de una huelga.
“Nosotros vamos a ir instrumentando las medidas que tenemos por hacer. Hay trabajadores con compromisos económicos de pagos y deudas, y hoy está en riesgo eso (...). Si es que no se llega a un consenso para la otra semana, bueno, estamos en condiciones de nuevamente retomar las movilizaciones”, manifestó Pineda.
Consultado al respecto, el viceministro de Tributación y actual ministro sustituto de Hacienda, Óscar Orué, indicó brevemente que sigue abierta la mesa de diálogo y que esperarán la vuelta de Benigno López para volver a reunirse con los sindicatos.
No obstante, aseguró que “está difícil” la negociación para llegar a un consenso.
Nuevo llamado. El Ministerio de Hacienda también tiene previsto convocar nuevamente esta semana a las autoridades de las empresas públicas para ir cerrando la revisión que se está llevando adelante sobre los polémicos sobresueldos que pagan estas entidades a su plantel.
El Fisco inició un análisis de estos beneficios extras hace unas semanas, con el objetivo de ir mejorando el gasto público y reducir las desigualdades salariales en el sector estatal, luego de haber limitado los pagos adicionales mediante el decreto reglamentario del Presupuesto 2020.
Según el Gobierno, estas gratificaciones ocasionales le cuestan al Estado unos USD 75 millones al año. Solamente entre ANDE, Petropar e INC desembolsaron entre el 2015 y el 2019 unos USD 291,7 millones en el pago de los sobresueldos incluidos en los conceptos de subsidio familiar y bonificaciones.
Algunos de los beneficios más polémicos son ayuda vacacional, pago por disponibilidad y el subsidio del 50% en el pago de luz. En el caso de los funcionarios de ANDE, algunos cobran un plus por “mayor costo de vida”; mientras que en Petropar, ningún trabajador aporta al IPS, ya que la petrolera estatal absorbe el 100% del pago.
Gobierno analiza excepciones
El ministro sustituto, Óscar Orué, tras la primera reunión mantenida la semana pasada, había remarcado que si bien no se piensa en dar marcha atrás en las limitaciones, el Gobierno se comprometió a analizar las gratificaciones que recibe cada ente en particular y dejó abierta la posibilidad de establecer excepciones para cuadrillas especiales o para aquellos funcionarios que realizan labores riesgosas. No obstante, aclaró que si se decide ampliar el límite en casos especiales, los pagos no se darán de forma desmedida como viene ocurriendo actualmente.
