El diputado Tomás Éver Rivas está actualmente imputado por hacer figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara Baja. En realidad, estos no cumplían funciones para el Estado, sino que trabajaban en propiedades del legislador cartista de Paraguarí.
La imputación es por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. También afecta a los caseros Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
La investigación fiscal se abrió luego de publicaciones de Última Hora que revelaron cómo Chaparro trabajaba en la casa de Rivas en Lambaré, Romero en una estancia en Mbuyapey y Franco en un negocio en Ybycuí. Todas son propiedades de la familia del diputado.
Hasta ahora, solo los caseros fueron procesados por la Justicia, ya que Rivas aún goza de sus fueros parlamentarios. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja decidió postergar su dictamen sobre su desafuero hasta tanto no se resuelva una apelación presentada por la defensa de Rivas en contra de la providencia del juez Rubén Riquelme que comunicó a la Cámara la imputación a Rivas. Por su parte, en las contadas ocasiones en las que accedió a hablar con la prensa, Rivas aseguró que es objeto de una persecución política y aseguró ser inocente.