Las autoridades colombianas capturaron ayer en su país a otras dos personas supuestamente vinculadas con el asesinato del fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Marcelo Pecci, tiroteado en la isla de Barú, cercana a Cartagena de Indias, el pasado 10 de mayo de 2022.
El abogado de la familia Pecci, Francisco Bernate, confirmó ayer que en horas de la madrugada de este sábado fueron capturados dos ciudadanos colombianos, durante dos operativos llevados a cabo, uno en la población antioqueña de Rionegro y otro en Bogotá.
Según el abogado, los arrestados, cuyos únicos datos trascendidos fueron los nombres de Ramón y Andrés, “estaban encargados de la parte logística y suministraron el dinero a Francisco Luis Correa Galeano”, a quien la Fiscalía acusó de ser el principal responsable del asesinato del fiscal paraguayo.
Durante los procedimientos se habría fugado la esposa de uno de los detenidos, que está en El Salvador.
Con base en la investigación de las autoridades colombianas y paraguayas, Pecci y su esposa, la periodista Claudia Aguilera, fueron seguidos desde su llegada a Colombia, actividad que fue acordada en Medellín y que quedó a cargo de Cristian Monsalve y Marisol Londoño, mientras que, según la Fiscalía, Correa Galeano tenía la labor de “coordinar” el arma de fuego, la consecución del dinero y los equipos celulares.
En la causa ya fueron detenidos, en operativos realizados en junio pasado en Medellín, Correa Galeano y Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño. Estos últimos cuatro ya recibieron condena en el caso, debido a que aceptaron los cargos, luego de llegar a un acuerdo con un juzgado de Colombia, que los condenó a más de 23 años de cárcel, en una sentencia, que inicialmente era de 47 años.
La pena fue reducida a la mitad después de que los acusados aceptaron los cargos de homicidio y porte ilegal de armas. En esa ocasión, Correa Galeano se declaró inocente y por eso sigue en juicio.
Por este caso, Colombia solicitó a Venezuela la extradición de Gabriel Salinas, vinculado al crimen, pero el Gobierno de ese país dijo que no lo hará porque su Constitución lo prohíbe.
Salinas, que fue detenido en diciembre pasado en Caracas, era buscado por la Interpol a petición de las autoridades colombianas, por el delito de homicidio agravado y tráfico de armas y municiones agravado. Según la información de la Policía de Colombia, Salinas es quien, al parecer, conducía la moto acuática en la que se movilizó el homicida y que lo llevó hasta la playa del hotel de Barú donde Pecci pasaba la luna de miel con su esposa.
Avances en el caso mediante recompensa
Desde el medio colombiano Revista Semana habían afirmado la semana pasada que “las investigaciones sobre los autores morales del crimen del agente paraguayo van por buen camino”.
En ese sentido, resaltaron que se estarían llevando a cabo más detenciones en los próximos días y que gracias a la recompensa ofrecida por la Embajada de los Estados Unidos, para las personas que aporten información valiosa para dar con los paraderos de involucrados en el crimen del agente Pecci, había avances importantes en la causa.
Al respecto, el periodista Jairo Lozano había señalado que “las autoridades están trabajando en silencio y las investigaciones van por buen camino. La recompensa que ofrecieron está teniendo efectos”.
Sobre la recompensa, insistió en que “eso va bien, están recogiendo información valiosa sobre la autoría moral. La extradición será importante en estos días”.
El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, anunció que su gobierno ofrece USD 5 millones de recompensa para las personas que puedan proveer información sobre los responsables del asesinato del fiscal Pecci.
El medio colombiano también había publicado una serie de videos del recorrido realizado por Pecci y su esposa en la mañana del 10 de mayo del 2022 hasta el momento del crimen, donde se observa que la pareja en todo momento está rodeada por los criminales que operaron en la logística de la ejecución.