A total contramano de la situación, que exige mayor austeridad y control en los gastos del Estado, como un nuevo direccionamiento de las prioridades presupuestarias en la salud pública y la educación, los legisladores de ambas cámaras han aprobado dentro del Presupuesto General de la Nación 2021 un artículo que autoriza al Congreso a contratar funcionarios sin concursos, tal como estipula la Ley 1626.
Aunque en años anteriores esta práctica de los diputados y senadores era considerada algo normal, en esta coyuntura implica una burla a la ciudadanía.
Frente a la realidad de comercios que han debido ir a la quiebra y cerrar sus puertas por la paralización impuesta ante la pandemia, de miles de personas que quedaron sin trabajo y sin fuentes de empleos, los políticos que manejan el Parlamento siguen manteniendo la opción de usar en forma arbitraria y desmedida el dinero que pertenece al pueblo.
En pleno año en que se desarrollarán las atrasadas elecciones municipales, los legisladores dispondrán de dinero del erario público para favorecer a sus operadores políticos y realizar contrataciones de manera arbitraria, sin rendir cuentas a la Secretaría de la Función Pública, sin cumplir con las restricciones impuestas para el resto de las instituciones públicas.
Ni siquiera deberán pedir permiso al Equipo Económico Nacional, según se estipula en el articulado especial que han aprobado. Además, los parlamentarios abrieron las puertas para que el Poder Judicial pueda hacer lo mismo que ellos.
Como este apartado no tuvo objeciones en ninguna de las cámaras en la primera vuelta del PGN 2021, ya quedó sancionado y pasará al Ejecutivo para su promulgación.
En la primera vuelta de estudio del PGN 2021, el gasto salarial ya se infló en 50 mil millones de guaraníes en el Congreso. Sin tener en cuenta los cuestionamientos y la necesidad de un ajuste de cinturones por el impacto de la crisis en las finanzas públicas, el Senado volvió a inflar el gasto salarial y reasignar recursos de gastos no rígidos a gastos corrientes, a lo que se suma esta decisión de contratar sin restricciones.
En la media sanción inicial, los diputados realizaron varias reasignaciones y concedieron aumentos a varias entidades, aumentando el gasto salarial en G. 20.000 millones. Con las ampliaciones y reasignaciones hechas en el Senado, el PGN 2021 llegó a 13.040 millones de dólares, lo cual implica un aumento de 63,7 millones de dólares con relación a la versión de Diputados. La diferencia crece a USD 126 millones si se compara con lo sugerido por la Comisión Bicameral.
Esta medida de autoasignarse la facultad de contratar sin concurso y sin control constituye un bochornoso y ofensivo autoprivilegio que sitúa a los legisladores cada vez más de espaldas a la ciudadanía a la que dicen representar.
