Los nombres de los tres elegidos por el Consejo, entre los cuales el Poder Judicial debe elegir a quien reemplazará a la ministra Miriam Peña, han causado verdadera sorpresa, ya que se esperaba que se siga la línea de los anteriores nombramientos que llevaron a la Corte a profesionales como Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Rolón.
Esta vez, sin embargo, no se designó a los que se consideraba mejor preparados entre los candidatos y los integrantes aparecen con un perfil principalmente político: Gustavo Santander, Delio Vera Navarro y César Diesel Junghanns, especialmente este último, asesor del Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE), a quien se relaciona en forma cercana con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Diesel Junghanns calificó en el lugar número 17° entre los candidatos, pero igual fue incluido en la terna.
Es atendible el reclamo y el malestar de los directivos del Colegio de Abogados del Paraguay, al indicar que la vacancia que se debe cubrir corresponde a la Sala Constitucional, pero sin embargo ninguno de los tres candidatos propuestos es un abogado constitucionalista. Los otros reclamos tienen que ver con que todos pertenecen a un mismo partido, que en coincidencia es el que está en el Gobierno, y entre los nombres escogidos no se incluye a ninguna mujer. Es decir, se trata de una terna totalmente monocolor y monogénero.
También se cuestiona que durante el mecanismo de selección no se cumplieron requisitos legales como el de la transparencia, con transmisión pública y accesible de las sesiones para dar a conocer las fundamentaciones, pero el principal punto es que lo actuado implica un lamentable retroceso en el proceso de sanear a un Poder Judicial hasta ahora considerado como sumamente corrupto, ineficaz y servil ante los poderes políticos.
El mayor inconveniente sigue siendo que los organismos que definen estas cuestiones, como el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), se integran en base a intereses políticos y a luchas de poder, imponiendo criterios sectoriales por encima de los criterios jurídicos.
Siguen siendo los caudillos políticos quienes manejan los hilos y hacen valer sus apetencias personales por sobre las necesidades del país y los de la ciudadanía. Mientras no se encuentre la manera de cambiar esta situación, el sistema de Justicia en el Paraguay seguirá sin tener verdadera independencia, sujeta a la corrupción, favoreciendo a quien tenga más poder o más dinero, mientras los sectores vulnerables de la sociedad continúan siendo víctimas de la inseguridad, de la violencia criminal y de todo tipo de injusticias, sin encontrar amparo en la Justicia. Esta es la lamentable realidad que persiste.
