Por Jesús Montero Tirado.
El Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) que pretende imponer este Gobierno ha provocado indignación y está siendo rechazado por la mayoría absoluta de los ciudadanos, empezando por la denuncia y renuncia de cuatro miembros cualificados del Comité Estratégico (responsable máximo del PNTE) y, junto a ellos, por las asociaciones de padres, las asociaciones que defienden la familia, las asociaciones en defensa de la vida, las asociaciones en defensa de la niñez y adolescencia, las instituciones educativas de la Iglesia Católica y de otras Iglesias cristianas, además de instituciones tan respetables como la Conferencia Episcopal Paraguaya y el Precongreso Nacional de Educación Católica, celebrado en noviembre en la Universidad Católica de Asunción en conexión simultánea “online” con todas las diócesis de la nación.
Es increíble que, ante este rechazo masivo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), órgano del Estado para la ejecución de las políticas del Gobierno, persista en mantener dicho plan. Nadie, bien informado, puede comprender y aceptar que precisamente el Gobierno y su Ministerio propongan y quieran imponer un plan que viola 12 artículos de la Constitución Nacional y más de 30 artículos de tres leyes. En vez de mejorar la educación nacional, el PNTE atenta contra el orden jurídico, el Estado social de derecho y la democracia.
El PNTE amenaza gravemente nuestra soberanía e independencia al someter nuestra educación nacional a la aprobación de países y autoridades extranjeras, como se evidencia en los anexos de las leyes 6659 y 6650, por las cuales se formaliza la donación de 38 millones de euros de la Unión Europea a nuestro país.
La población tiene razón y obligación para rechazar el PNTE, porque el Comité Estratégico, máxima autoridad del PNTE no es legítimo, ha sido creado por Decreto del Presidente de la República, violando 15 artículos de dos leyes, 11 de la Ley General de Educación y 4 de la Ley Orgánica del MEC; ambas leyes prescriben que el órgano legalmente competente para proponer reformas en la educación y acompañar su proceso es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec).
El Gobierno mantiene este Consejo sin consejeros, vacante desde el 24 de enero de 2017. Al ser ilegal el Comité Estratégico, sus decisiones y actos no tienen valor legal. Consecuentemente sus mandatos no tienen autoridad ni fundamento para ser obedecidos.
Las madres y padres han sido y siguen siendo marginados en sus inalienables responsabilidades y se ven privados de sus derechos garantizados por el Derecho Natural, la Constitución Nacional y la ley del Código de la Niñez y Adolescencia. Al comprobar que nuestro Gobierno ha comprometido a nuestro país con la Agenda 2030 de la ONU, constatan la imposición de la “ideología de género”, que destruye a la familia, promueve el aborto, quiebra la identidad y armonía de los niños, desprecia la biología y la naturaleza humana, posponiéndolas a la cultura de la posmodernidad.
Basta lo comentado (hay más argumentos contundentes) para comprender por qué la mayoría absoluta de los ciudadanos rechazan totalmente el PNTE.
Entretanto la educación nacional sigue sin radar, sin rumbo, paralizada y hundiéndose en el mar agitado de los cambios acelerados y con horizontes oscuros.
Este panorama demanda con urgencia otro Plan Nacional de Transformación Educativa, que ofrezca a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos auténtica educación “integral y permanente”, actualizada, proyectada al futuro y de máxima calidad.