“Es muy probable que avancemos en una acción judicial contra la Contraloría, ante la expresa negativa de solicitar la autorización”, mencionó el abogado Federico Legal.
Señaló que la intención es que un juez en el marco de un juicio determine la autorización y la Contraloría se vea obligada a publicar las declaraciones juradas.
El contralor había respondido a la nota, que el control se debe dar por los medios correspondientes y no plantear cuestiones que irían en contra de una legislatura vigente. Legal calificó esa respuesta como “decepcionante” y cree que Benítez solamente “se lava las manos”.
“Nosotros sostuvimos que con la publicidad de las declaraciones juradas tanto funcionarios como proveedores van a tender a no cometer actos de irregularidades porque sabrán que están bajo escrutinio público porque habrá un control social”, dijo.