“Venimos a Asunción, queremos trabajos para nuestra gente. El ministro Juan Carlos Baruja (del MUVH) le da a una o dos empresas. No queremos privilegios, sino puestos de trabajo y soluciones de vivienda”, dijo Pulciano Sánchez.
El ministro Juan Carlos Baruja manifestó que el planteamiento de los dirigentes no es posible concretar.
“Lo que ellos plantean no es que puedan acercar su listado y que nosotros lo evaluemos, sino que ellos directamente digiten al 33% de los beneficiados. Me parece inaceptable esa posición, porque la institución no puede entregar una cuestión que depende del ministerio o del gobierno”, destacó.
Agregó que las organizaciones pueden seguir acercando sus listados de familias y proyectos.
Respondió también a la denuncia de que solamente tres empresas están siendo adjudicadas para la construcción de viviendas. “Se va a demostrar que es falso, pero en realidad tenemos más de 100 empresas que están recibiendo”, expresó.
Sostuvo que seguirán conversando con las organizaciones. “Nosotros seguimos abiertos a trabajar con todas las organizaciones sociales campesinas indígenas y que ellos sigan acercando sus pedidos”, destacó.
Por su parte, una de las voceras de las organizaciones, Marta González, refirió que el manejo que piden es el mismo. “Como siempre estuvimos haciendo, nosotros tenemos una lista de proyectos con dictamen social y técnico, y le pasamos, y bajo su parecer nos va dando”, indicó.
“Nos dijo que iba a hablar con el presidente por el tema de la cantidad, más nada”, resaltó. “Nosotros vamos a esperar, la gente va a esperar, vamos a estar en vigilancia permanente, vamos a estar frente al Ministerio”, indicó.
Según el ministro, el origen del problema se dio porque les observó a uno de los dirigentes la calidad de la vivienda de uno de los proyectos. “Le dije que mientras sigan construyendo con esa calidad, nosotros ya no le vamos a otorgar vivienda a su sector e inclusive le dije que tengo que verificar porque para nosotros algo innegociable es la calidad”, resaltó.
Por otro lado, las organizaciones pidieron con relación a la problemática de la tierra, la suspensión sine die del estudio del proyecto que plantea la fusión entre el Indert y el Ministerio de Agricultura. Así también rechazan la derogación del artículo 104 del estatuto agrario que permite al Indert la recuperación de tierras fiscales, la cual no estará en la Ley de Registro Único Nacional (RUN).
