“Lamentamos la debilidad institucional del sistema de justicia de nuestro país que socava la democracia y por ende el Estado de derecho”, dice el comunicado que emitieron.
Agrega que “el Poder Judicial, el Ministerio Público y los órganos de control o auxiliares en la investigación tales como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Seprelad, y la Senabico, deben rendir cuentas debido al poco avance que se ha dado en la investigación, acusación y condena de un gran número de casos emblemáticos de corrupción, de delitos económicos y crimen organizado, que tienen vínculos con el poder político en el país”, señalan.
Subrayan que la percepción de impunidad es coherente con el último Informe del Barómetro de las Américas que evidencia el bajo nivel de confianza de los paraguayos en las instituciones citadas.
“La corrupción es más que un delito, representa una categoría de delitos tipificados tanto por el Código Penal Paraguayo, la Ley 6.379/2019 que crea la competencia especializada en hechos punibles de delitos económicos y de corrupción, y de hechos punibles de narcotráfico y crimen organizado, así como se encuentra incluida en convenciones internacionales contra la corrupción, las cuales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico”, indican.
Remarcan que la corrupción es responsable directamente de la baja calidad de vida de las personas, genera pobreza, analfabetismo, muertes y desigualdades, debido a que los servicios públicos no llegan a las personas y comunidades de modo adecuado, garantizando sus derechos que son responsabilidad del Estado. “Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil paraguaya, firmantes del posicionamiento, instamos a todas las personas, periodistas, organizaciones civiles, gremios sociales, políticos y empresariales a elevar sus voces y formular denuncias responsables contra toda forma de corrupción, así como a mantenernos vigilantes del desempeño de las autoridades públicas encargadas de la investigación y sanción de estos casos”, subrayan.