Las órdenes fueron expedidas por el presidente de la máxima corte de justicia de Brasil, Joaquim Barbosa, informó hoy en su página en Twitter la Policía Federal, que será responsable por los arrestos.
Las detenciones fueron dictadas contra el actual diputado federal Valdemar Costa Neto, contra los exdiputados Carlos Alberto Rodrigues y Pedro Correa, y contra Vinicius Samarane, que era dirigente del Banco Rural en la época del escándalo.
La Policía Federal dijo haber iniciado contactos con los abogados de los condenados a la espera de que se entreguen y antes de ordenar el envío de agentes a sus residencias y locales de trabajo para capturarles.
Los cuatro se sumarán a otros once condenados que ya comenzaron a cumplir sus penas y que están en unidades carcelarias en Brasilia.
El Supremo ha ordenado hasta ahora el encarcelamiento de 16 de los 25 condenados, pero uno de ellos, el exdirector del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato, quien recibió una pena de doce años, huyó del país y se encuentra en Italia.
Los 25 empresarios y políticos condenados fueron hallados responsables por la red de corrupción montada por los entonces dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) para sobornar a legisladores de otras formaciones y convencerlos a votar a favor del Gobierno en el Congreso.
La red utilizó recursos públicos desviados de bancos y de campañas publicitarias del Gobierno para pagar sobornos periódicos a los congresistas corruptos.
Entre los presos destaca el entonces ministro de la Presidencia, José Dirceu, considerado como la “mano derecha” de Lula y que fue calificado por la Corte Suprema como “jefe” de la red de corrupción. Dirceu comenzó a cumplir el mes pasado una pena de diez años y diez meses de prisión por los delitos de corrupción activa y asociación ilícita.
Entre los condenados cuyo arresto fue dictado hoy destaca Valdemar Costa Neto, actual diputado por el Partido de la República (PR) y que tendrá que cumplir una pena de seis años y tres meses por lavado de dinero y corrupción pasiva.
Carlos Alberto Rodrigues, exdiputado del Partido Liberal (PL) y obispo evangélico, fue condenado a seis años y tres meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, y Pedro Correa, que fue diputado por el Partido Progresista (PP), tendrá que cumplir una pena de nueve años y cinco meses por asociación ilícita, corrupción pasiva y lavado de dinero.
La pena de Vinicius Samarane por los delitos de gestión fraudulenta y lavado de dinero es de ocho años y nueve meses.
Sus arrestos fueron dictados luego de que el Supremo determinara que sus sentencias son firmes por no tener derecho a presentar nuevos recursos contra sus condenas.
De los 25 condenados, doce tienen derecho a un nuevo juicio por uno de los varios delitos por los que han sido condenados.
