La medida fue ordenada por la fiscala María Angélica Insaurralde, de la Unidad Penal 5, de la ciudad de Caaguazú.
Una vez que el intendente y los dirigentes campesinos sean detenidos, deberán guardar prisión preventiva en la Comisaría 2ª de Caaguazú.
El conflicto se ha judicializado nuevamente tras el fracaso de la negociación entre el Gobierno y los propietarios de fincas del referido lugar, para la adquisición del predio a favor de las familias de campesinos por parte del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Son alrededor de 100 familias del distrito de Tembiaporã las que se instalaron en varios predios reclamados por productores brasileños.
La pasada semana debió desarrollarse el desalojo por parte de la Policía Nacional y debido a cuestiones operativas fue pospuesto el procedimiento fiscal policial.
Cerca de 1.500 hectáreas están en disputa y más de 300 hectáreas fueron ofertadas por los productores de origen brasileño.
Esas tierras están evaluadas a nivel comercial en más de 10.000 dólares la hectárea.
La oferta presentada al Indert, previo acuerdo verbal, fue de 7.000 dólares por cada hectárea.
Sin embargo, dentro del proceso burocrático de tasación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cotizó a 4.000 dólares.
La gran diferencia existente entre lo acordado en principio y la cotización final motivó el desistimiento de los brasiguayos, que ahora exigen ocupar sus fincas judicialmente.
En la zona ya no existen montes, son tierras mecanizadas de alta calidad consideradas como las mejores del Paraguay.
El ambiente en Pindo’i, distante a escasa distancia de Guahory, está tenso, incluso con amenazas de resistencia armada en caso de un eventual desalojo.
Entre los ocupantes existen grupos con posturas encontradas: por un lado, los que pretenden ocupar las tierras ofertadas y, por otro, los que buscan recuperar la totalidad de las parcelas en poder de los productores de origen brasileño.
El Indert en varias oportunidades reconoció que Pindo’i no cuenta con tierras fiscales debido a que la colonización fue realizada por una empresa privada de la cual fueron adquiridas las fincas hoy explotadas con agricultura mecanizada. Sin embargo, organizaciones como la Federación Nacional Campesina apuntan a la expropiación vía Parlamento de las mil hectáreas aproximadamente.