Los manifestantes procesados son Carlos Raúl Velázquez, Carlos Antonio Cardozo González, Máximo Garcete Valdovinos, Francisco Bogado Zárate y Aurora Samaniego Bogado, todos imputados por perturbación de la paz pública coacción y amenaza de hechos punibles.
Siete personas habían sido víctimas de los hechos de violencia contra sus vehículos, entre el miércoles y el jueves pasado, según explicó la fiscala Ruiz en la imputación. Los sospechosos, inclusive, habían sacado armas de fuego, según la denuncia.
Los ahora imputados habrían roto los vidrios de autos que fueron supuestamente retenidos de forma arbitraria.
Los hechos ocurrieron sobre la ruta PY08 Dr. Blas Garay, entre el cruce 6.000 Defensores del Chaco-Guayaybí.
Las manifestaciones que están haciendo los camioneros son en busca de reducción del combustible.
CASO EXTORSIÓN. Por otra parte, en la causa donde están procesados otros cinco camioneros, pero por extorsión al ministro del Interior, Federico González, el fiscal Silvio Corbeta anunció que el próximo lunes se hará la desgrabación de audios que se grabaron con autorización judicial.
El agente explicó en contacto con Monumental 1080 AM que las pruebas se desgrabarán ante el Juzgado Penal de Garantías bajo control judicial.
Mencionó que no pueden divulgar los audios y videos, ya que tienen una prohibición procesal.
Ya en la semana, el fiscal Francisco Cabrera ratificó que existen pruebas de la extorsión de camioneros al Estado para ya no cerrar rutas.
El acuerdo fue de entregarles USD 300.000 a los ahora procesados, pero que inicialmente iban a darles USD 50.000, lo cual se concretó en una entrega vigilada.
Explicó el fiscal que antes de la Semana Santa, tres camioneros se reunieron con representantes del Ministerio del Interior. A raíz de eso, el ministro hizo la denuncia en la Fiscalía y se autorizó judicialmente que se graben las próximas conversaciones.
Ya en una próxima reunión asistieron cinco camioneros (imputados) y en esa fecha ya hicieron el pedido del monto de dinero. Luego de ser descubiertos con los fajos de dinero en mano, los dirigentes involucrados fueron detenidos y enviados a prisión preventiva.
Exigen la baja del combustible y cierran rutas para presionar. En este contexto habrían violentado vehículos particulares. Según la carpeta, siete personas fueron afectadas por los ahora imputados.