Opositores denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos a los gobiernos que consideran responsables de la deuda espuria de Itaipú. Los hechos denunciados son lesión de confianza y asociación criminal.
Por patrocinio del abogado Efrén Silva se hizo la denuncia. Consideran que los hechos punibles que se señalan en los informes de la Contraloría todavía no prescribieron.
Citan que los hechos ocurrieron desde la era de Alfredo Stroessner hasta la presidencia de Juan Carlos Wasmosy.
El actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, junto con el abogado Efrén Silva, apoderado del partido, se presentó en la mañana de ayer en la Fiscalía de Delitos Económicos, representando a la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición, para hacer la denuncia.
Demandaron daños patrimoniales por un total de USD 4.193.000.000.
La denuncia se basa en el examen especial que realizó la Contraloría General de la República a la deuda de la Itaipú Binacional, del cual resultó un informe con 22 observaciones.
RELATO. Figura en el documento presentado ante la Fiscalía que una de las irregularidades es el incremento de la tarifa (1998 al 2020), “por encima de lo establecido en el Estudio Tarifario del 86, a fin de mitigar el aumento de la deuda con Eletrobras, generada por la aplicación ilegal de la tarifa durante los años 1985 a 1997”.
Afirman que existió un “incorrecto arreglo de cuentas” que hizo que Itaipú asumiera una deuda con Eletrobras, “cuando que esta es la que le debía pagar a la binacional”.
Efraín Alegre sostuvo que en ese informe base se señala el perjuicio para el Paraguay en Itaipú. “Ese perjuicio al mismo tiempo se refiere al perjuicio que hemos sufrido todos los usuarios, de cerca de USD 1.000 millones, sin contar con los intereses que ello significa. Hacemos hoy la primera presentación”, detalló.
En el documento se menciona a todos los supuestos partícipes de los hechos que fueron señalados por la Contraloría.
Entre los denunciados figuran los nombres de los ex presidentes Alfredo Stroessner, Andrés Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy. También están acusados los miembros del Directorio Ejecutivo de 1986: Enzo Debernardi, Hans Wilhelm Krauch, Antonio Colmán Rodríguez, Victorino Vega Giménez, Fidencio Juan Tardivo y Carlos Alberto Facetti.
Además, son denunciados los integrantes del Consejo de Administración de 1986, como Ezequiel González, Andrés Gómez; Salvador Paredes; Luis Martínez; Luis A. Peralta; Silvio Meza y José Antonio Moreno, entre otros.
Aseguran que la rebaja de precios de la tarifa a favor tuvo el aval de los directores paraguayos en la Itaipú.
En la denuncia se cita el artículo 103 del Código Penal, argumentando con eso que el plazo para la prescripción “se suspenderá cuando, por circunstancias objetivamente insuperables, la persecución penal no pueda ser iniciada”.
Los opositores sostienen que los hechos no están prescriptos y, por lo tanto, deben ser investigados.
Representantes de la Mesa de Partidos Opositores incluyen en la demanda a ex presidentes de la República, además de directivos de la binacional. Afirman que esta es solo la primera denuncia.
