Conscientes de estar en la mirada pública, la Cámara de Diputados aprobó ayer la conformación de la comisión especial que estudia el pedido de intervención de la Gobernación de Central.
De un total de 13 miembros, siete son de la Asociación Nacional Republicana (ANR), a pedido del líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien también es integrante. Cuatro de ellos son cartistas y tres de Colorado Añetete.
De la oposición, cuatro son del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y dos de la multibancada de partidos minoritarios.
Bachi aseguró que es mentira que se quiera dormir el caso o que se quiera salvar al gobernador Hugo Javier González.
Lo cierto es que la decisión es netamente política y numérica. La comisión tiene 15 días para emitir un dictamen y como ya se está cerca del término del período de sesiones, el caso puede definir este año o el siguiente, en una sesión extraordinaria convocada por la comisión permanente del Congreso oa la vuelta del receso parlamentario.
Independientemente del resultado de la investigación de la comisión, que puede dictaminar a favor o en contra de la intervención, es el pleno el que debe decidir, y el cartismo no se rindió aún; no está dispuesto a dejar de negociar los votos para que sea rechazada.
Proceso. La comisión especial convocará al gobernador ya los concejales departamentales para analizar las versiones de cada uno. Una vez que se tenga el dictamen, se estudia en una sesión del pleno y para aprobar el pedido de intervención se necesitan 41 votos.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo debe designar un interventor, que tiene un plazo de 90 días para elevar sus conclusiones a la Cámara de Diputados.
Una vez recibido este dictamen, el pleno necesita nuevamente 41 votos para decidir la destitución del gobernador. Luego de este hecho, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) debe convocar a elecciones dentro del plazo de 90 días para reemplazar a la autoridad cesada.
El objetivo de la oposición es apurar y terminar el proceso antes del receso parlamentario, es decir, decidir si se interviene o no.
Panorama. Nada está cantado. Para definir la intervención se necesitan 41 votos y la oposición tiene solo 37, de los cuales algunos votos liberales son más afines al cartismo. Por eso, se apela a la interna de la ANR que está en modo discordia y, en ese sentido, esperan el apoyo de Añetete, que tiene 21 miembros, contra 22 de Honor Colorado.
El caso. El gobernador Hugo Javier González fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por parte del fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos.
Las investigaciones giran en torno a la transferencia de USD 800.000 que realizó el gobernador a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución de obra viales y de mejoramiento de espacios públicos.
El Ministerio de Salud también informó que no posee documentos que avalen el reconocimiento del Consejo Nacional de Salud, que obtuvo 1.276 millones de guaraníes de la Gobernación, como tampoco existen datos oficiales que evidencian la donación de bienes al hospital de Areguá.
El cartista fue imputado luego de que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) lo denunciara por el uso de las facturas falsas sobre los recursos de la emergencia, y las diligencias siguen.