La demanda se refiere a una reunión realizada el lunes por Bolsonaro con embajadores de unos 40 países, a los que recibió en su residencia oficial para insistir en su campaña de descalificación de las urnas electrónicas que se usan en el país desde 1996, sin que desde entonces haya habido una sola denuncia de fraude.
“No se puede permitir que se utilice el cargo de presidente de la República para subvertir y atacar el orden democrático, crear el caos y desestabilizar a las instituciones”, dice la demanda.
También se acusa a Bolsonaro de hacer uso de la estructura del poder público en forma ilícita, de propaganda electoral anticipada, de abuso de poder político y económico y de atentar contra el Estado democrático de Derecho.
TRIBUNAL ELECTORAL. En su exposición ante los diplomáticos, Bolsonaro formuló duras críticas al Tribunal Superior Electoral (TSE) y acusó a sus miembros de “conspirar” para favorecer en las elecciones de octubre próximo al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para ganar unos comicios en los que el líder de la ultraderecha busca su reelección.
También volvió a descalificar el sistema electrónico de votación, apoyado en supuestas pruebas de “irregularidades” en las elecciones de 2014 y 2018, ya investigadas y descartadas tanto por la Justicia como por la Policía Federal.
OLA DE CRÍTICAS. La cita con los embajadores generó una enorme ola de críticas al gobernante, tanto en toda la oposición como en la Justicia electoral y el Parlamento, que defendieron a las instituciones brasileñas ante lo que llegó a ser considerado como un “ataque a la democracia”.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó en una nota oficial que “el Parlamento, cuya composición fue electa por el actual y moderno sistema electoral, tiene la obligación de afirmar que las urnas electrónicas darán al país el resultado fiel de la voluntad popular, sea cual sea”.
También reaccionó con firmeza el presidente del TSE, Edson Fachin, quien sin nombrar a Bolsonaro, sostuvo que ese organismo “no puede tolerar acusaciones de fraude o mala fe” y sostuvo que el país le debe “dar un basta” al “inaceptable negacionismo electoral”. Según las encuestas el candidato progresista cuenta con cerca del 45% de las intenciones de voto, frente al 30% que tendría Bolsonaro, quien llegó al poder en 2018.