Se trata de un dirigente colorado de la Facultad de Derecho. Es representante graduado de Derecho ante el Consejo Superior Universitario de la UNA. Es funcionario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde percibe G. 13 millones y se desempeña como asesor.
Fue ternado para la elección de un juez de primera instancia penal de garantías del fuero adolescente en Naranjal, Departamento de Alto Paraná. No obstante, el magistrado Adalberto Soto es quien finalmente cumple con ese rol, tras haber sido electo.
En las últimas elecciones internas, Scappini se candidató como convencional por el cartismo en el distrito de Escobar, Departamento de Paraguarí, pero no logró ganar. Scappini no es tan conocido en el Departamento de Paraguarí, como sí lo es en el ámbito de abogados colorados.
Al ser consultado si un funcionario del JEM puede candidatarse a un cargo partidario, Santiago Brizuela, del Tribunal Electoral Partidario, manifestó que “constitucionalmente no hay un impedimento” y mencionó que el TEP no pone este tipo de “filtros” a las candidaturas y son los movimientos los que deben impugnar si existiera impedimento.
Scappini acompañó activamente la candidatura de Bogarín para el Consejo de la Magistratura (CM) en el año 2020.
Luego el año pasado, respaldó la candidatura de Gustavo Miranda como miembro del Consejo y de Marco Aurelio González como suplente. Este último fue jefe de campaña de Bogarín para llegar al Consejo y se postuló en el último concurso para escoger una terna para la Corte, donde fue mocionado por Bogarín, Miranda y César Ruffinelli como candidato en varias rondas de votación.
Scappini fue sumariado en el 2011 por ausencias injustificadas cuando se desempeñaba como funcionario de la Senavitat.
En el 2016 el dirigente fue incorporado como asesor en la facultad de Economía. En su carácter de dirigente estudiantil fue acusado por adjudicar becas de manera irregular.