Lejos de ser un instrumento de contrapeso frente a la represión del régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Justicia venezolana ha desempeñado un rol esencial en años de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el último informe de la misión internacional de las Naciones Unidas para ese país, publicado el jueves.
“Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidas por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales”, subrayó la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
El informe, presentado en Ginebra y que se debatirá en el Consejo de Derechos de la ONU el próximo día 24, denuncia presiones gubernamentales para que los jueces nieguen garantías a los opositores, así como obstáculos a los abogados y hasta amenazas que han llevado a algunos magistrados al exilio.
“Algunos de los jueces que entrevistamos huyeron del país al no ser vistos como aliados del sistema y siguen viviendo con miedo fuera de Venezuela”, denunció Valiñas.
El informe es el segundo que realiza la misión desde que el Consejo de Derechos Humanos aprobara su creación en 2019, y en esta ocasión se ha dedicado específicamente a la acción de la Justicia, aunque aclara que otras instituciones, como las fuerzas de se seguridad, siguen cometiendo abusos en Venezuela.
DEPENDIENTE Y CÓMPLICE. Respecto al Poder Judicial, el documento concluye que Venezuela presenta “un sistema de Justicia carente de independencia” y que “perpetúa las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores al gobierno”.
Entre las múltiples irregularidades que documenta la misión se cita el uso de la prisión preventiva como una medida rutinaria, cuando debería ser excepcional, o el hecho de que magistrados emitan órdenes de arresto con carácter retroactivo para ocultar anteriores detenciones ilegales, algunas de ellas acompañadas de torturas.
Valiñas también señaló que en ocasiones los fiscales han presentado supuestas pruebas obtenidas mediante tortura, aceptadas después por los jueces, o que algunos magistrados, pese a ver signos de maltrato en detenidos, no dudaron en ordenar su regreso a los centros donde habían sufrido abusos.
Por otro lado, muchos abogados han sufrido con frecuencia obstáculos para ejercer la defensa, y a menudo los detenidos son forzados a aceptar a un letrado de oficio, en lugar de uno de su propia elección.
El sistema de Justicia de Venezuela “necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que protege los derechos de todos los venezolanos de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales”, añadió otro de los miembros de la misión, el chileno Francisco Cox. El informe resalta que hay “motivos razonables” para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial.
Amnistía: Informe avala denuncias
Amnistía Internacional (AI) consideró que el informe de ONU para Venezuela, que recoge que el sistema de Justicia venezolano carece de independencia, avala sus denuncias de crímenes de lesa humanidad e identifica a posibles responsables. “En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país”, dijo AI.
