La ley que ha entrado en vigor viola las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos, señaló la entidad.
La norma dificulta el registro de las oenegés al obligarlas a solicitar la aprobación del gobierno de Daniel Ortega para sus actividades y les obliga a darles nueva información, como las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios. Asimismo, se prohíbe a las oenegés hacer proselitismo político y políticas partidarias, sin definir qué incluyen esas acciones.
Igualmente, la ley establece una cuota máxima del 25% de “miembros” extranjeros en cualquier organización, sin entrar en detalles, lo que la Oficina de Bachelet considera que restringe la libertad de expresión y asociación de los extranjeros en Nicaragua.
La entrada en vigor de la ley ha coincidido con una votación en la Asamblea Nacional para despojar a medio centenar de organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por un supuesto incumplimiento de otras disposiciones legales.
Desde 2018, se han cerrado al menos 209 organizaciones en Nicaragua, 137 de ellas únicamente este año.
Entre las afectadas están las principales oenegés nicaragüenses de defensa de los derechos humanos. EFE