La Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) emitió ayer un comunicado, donde su titular, Tadeo Álvarez, señala que desconoce todas aquellas facturas presentadas en el informe de rendición de cuentas de la Gobernación de Central ante la Contraloría General de la República, las cuales, en su mayoría, tenían inconsistencias.
La fundación responsabiliza a la Gobernación de las facturas entregadas el 31 de mayo, mientras que el gobernador Hugo Javier González apunta a la fundación como responsable.
“Desde la fundación queremos resaltar que hemos obrado con total legalidad y que todos los emprendimientos que pasaron por nuestras manos se han culminado y habilitado, mejorando la calidad de vida de numerosas personas que hoy en día utilizan dichas obras”, dice también el comunicado.
El gobierno departamental, recibió G. 6.382 millones para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones fueron entregados a la fundación CIAP.
Con la rendición de cuentas presentada por la Gobernación la Contraloría, los concejales departamentales y los medios de comunicación detectaron un sinfín de facturas que fueron falsificadas, en cuyo membrete figuraba como cliente nada más y nada menos que la fundación CIAP. Así también, se constataron varias empresas fantasmas, como Asunción Ofertas, supuestamente ubicada en Luque, donde en realidad hay solamente residencias. La empresa había facturado más de G. 900 millones en concepto de licencias ambientales.
“Sostenemos con firmeza que ninguna de las facturas que fueron halladas en la rendición de cuentas y que hoy están siendo cuestionadas fueron presentadas por nuestra fundación”, dice parte del comunicado.
Asimismo, menciona que tampoco se contrataron los servicios de las empresas ni de las personas cuyos membretes fueron divulgados en los medios de comunicación.
Álvarez dice que el único informe con las documentaciones que presentó CIAP es el que acercó en el mes de junio a la Contraloría, a la Gobernación y a la SET. De esta forma, la fundación se desentiende de la rendición presentada el 31 de mayo por la Gobernación y dice que las facturas válidas son aquellas que presentó ante las instituciones del Estado en fecha posterior al cierre de la rendición de cuentas.
Luego de llamarse a silencio, la fundación también publicó en su página web una lista de obras que realizó con las empresas Constructora Vial SA, Constructora Grau, OG Constructora, Trinity Soluciones Constructivas (JL Servicios SA), Arquitrabe de María Paredes de Bittar y el ingeniero Óscar Morel Oses.
El jueves pasado, la SET y la Secretaría Anticorrupción, presentaron una denuncia ante la Fiscalía y pidieron una inmediata intervención ya que las primeras facturas fueron reemplazadas por otras, mediante el informe de CIAP.
Para esclarecer lo ocurrido, el ministro René Fernández manifestó que la Fiscalía tiene la potestad de ingresar a indagar la contabilidad en una empresa privada, como es en este caso la fundación.
Cabe señalar además que hace un mes, ÚH intentó contar con la versión de Álvarez pero solo señaló que se preparaba un informe “para no entrar en el juego político”.