09 jun. 2026

OIT apunta a capacitación para sacar gente de la informalidad

ESPECIALISTA. Señalan que la informalidad sigue siendo uno de los desafíos más grandes en el país.
SEGURIDAD SOCIAL. Solo el 27,8% de los empleados ocupados aportan a una Caja de Jubilación.

Karen Rosales.

Karen Rosales

La especialista principal en Actividades para Empleadores del Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Karen Rosales, sostuvo también que informalidad sigue siendo uno de los desafíos más grandes en América Latina y Paraguay.

Para contrarrestar la informalidad, comentó que hay una meta muy específica desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para la generación de empleo formal, con acompañamiento de la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo.

“Asistencia técnica para fortalecimiento de capacidades, para identificar sectores estratégicos que sean mayormente intensivos en empleo y que de esa manera se pueda generar una cadena de suministro basada en formalidad”.

Para una lucha frontal contra la informalidad, señaló que un foco central es el fortalecimiento de capacidades en las personas para que puedan insertarse al mercado laboral de las industrias.

Para cumplir con esta recomendación, Rosales dijo que es necesario un cambio estructural en los sistemas educativos, en la inserción de capacidades técnicas.

“Cuando se desarrollan programas de formación situada o se permite que jóvenes se incorporen también a experiencias en la industria durante su formación secundaria, ellos ya pueden desarrollar ciertas habilidades y técnicas que permitan fácilmente que se inserten a un mercado laboral de manera formal”, explicó con relación a la experiencia de otros países en la región.

Rosales dijo que también en este contexto es importante entender la demanda que tiene la industria, respecto a habilidades y competencias y cómo está la oferta laboral en el país para implementar los cambios en el sistema educativo.

“Porque no necesariamente la oferta formativa está vinculada a la demanda industrial. Entonces, ahí hay una oportunidad interesante para el país de poder orientar mejor”, señaló.

A diferencia del empleo informal que carece de seguridad social y un salario justo, la formalidad permite condiciones de vida para todas las personas, enfatizó Rosales.

“Entonces a mayor productividad, a mayor competencia y mayor habilidad en las personas, puede haber mayor competitividad, mayor productividad y eso genera un desarrollo económico más a largo plazo. Y eso a la vez es como un círculo que permite tener mejores condiciones de contratación, mejores condiciones para los trabajadores que al final dinamizan las economías familiares y dinamiza la economía del país. Entonces ese es el círculo en donde la formalidad laboral se vuelve clave para el desarrollo del país en general”, resaltó.

“No se premia al que se formaliza”. Para José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), las cifras de informalidad incluso podrían ser superiores al 60% porque considera que el Gobierno Nacional hace un relato de los números para maquillar la realidad de la situación laboral en el país.

“Con relación a la informalidad en el puesto en el trabajo, no se ha hecho nada porque evidentemente el Ministerio de Trabajo no tiene capacidad de control y también acá no hay ninguna posibilidad de premiar al que se formaliza”, criticó.

El gremialista que lo primero que debe hacer el Estado es trabajar con número reales para implementar políticas públicas que permitan formalizar al sector informal.

“Porque cuando vos tenés una estadística mentirosa estamos empezando mal, entonces no se puede trabajar con números mentirosos o con una estadística que miente. Entonces, lo primero es hacer números reales y lo segundo el Estado debe garantizar salud, educación y alimentación para la gente”, resaltó.

Pineda consideró que el Gobierno Nacional apuesta más por las grandes corporaciones, que por erradicar la informalidad en el país. “Estamos ante una realidad de desprotección social de los trabajadores y en general de la población y el Estado en vez de ocuparse de ellos, se ocupa de las grandes corporaciones”, señaló.

Mayoría de los trabajadores no tiene cobertura previsional

Solo el 27,8% de los ocupados aportan a una Caja de Jubilación, mientras que entre los trabajadores por cuenta propia los aportantes no llegan al 1%. Así lo señala un análisis elaborado por Lucas Boh, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2025.

Según el material, apenas el 27,8% de los trabajadores ocupados contribuyen a alguna Caja de Jubilación. Esto significa que el 72,2% permanece fuera del sistema previsional, una situación que refleja las limitaciones del mercado laboral paraguayo para garantizar condiciones de trabajo decente y acceso a la seguridad social.

La baja cobertura previsional está estrechamente ligada a la elevada informalidad laboral. De acuerdo con el informe, el 59,4% de los trabajadores paraguayos se desempeñan en condiciones de informalidad. Aunque la cifra representa una reducción de cinco puntos porcentuales respecto al 2024, Paraguay sigue ubicándose por encima del promedio regional, que alcanzó el 46,7% en 2025.

La situación es particularmente crítica entre los trabajadores por cuenta propia. Los datos muestran que el 76,4% de ellos trabaja en la informalidad y que menos del 1% realiza aportes a una Caja de Jubilación, pese a que la legislación permite su incorporación voluntaria al sistema administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Boh advierte que esta realidad puede tener importantes consecuencias sociales en el futuro. Sin acceso a una jubilación contributiva, una gran cantidad de trabajadores deberá continuar trabajando a edades avanzadas o depender de otras fuentes de ingresos cuando ya no pueda mantenerse activa laboralmente.

El análisis también revela que la informalidad no es exclusiva de las empresas no registradas. De hecho, el 49,6% de los asalariados que trabajan en negocios formalmente constituidos no aporta a la seguridad social, lo que evidencia que la contratación irregular sigue siendo una práctica extendida incluso dentro del sector formal de la economía.

Además de limitar el acceso a la jubilación, la informalidad está asociada a menores ingresos y peores condiciones laborales. Los trabajadores informales perciben, en promedio, apenas la mitad del ingreso por hora que reciben los trabajadores formales. Una parte importante de ellos incluso obtiene ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria.

Los datos también muestran que aproximadamente uno de cada tres trabajadores supera la jornada máxima de 48 horas semanales establecida por la legislación. De ese grupo, el 61% corresponde a trabajadores informales. Asimismo, unas 395.000 personas que trabajan 48 horas o más por semana perciben ingresos inferiores al salario mínimo vigente.

En ese contexto, Boh concluye que reducir la informalidad y ampliar la cobertura de la seguridad social deben constituir prioridades para mejorar la calidad del empleo, disminuir la vulnerabilidad económica de los trabajadores y avanzar hacia un desarrollo más inclusivo.

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119 mil nuevos empleados formales

Desde julio del 2023 a marzo del 2026, se incorporaron 119.586 nuevos trabajadores al sistema formal, pasando de 707.638 a más de 827.224, según registros de la Dirección de Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, con base en datos del IPS.

Los trabajadores informales quedan fuera del sistema de la previsional, no tienen prestaciones de salud, que incluyen a accidentes de trabajo y tampoco aportan para las prestaciones económicas como el reposo o las de largo plazo como la jubilación.

Hugo Diarte, coordinador de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) de la previsional, señaló que el crecimiento del Instituto de Previsión Social (IPS) se logra mediante la formalización de los trabajadores de parte de los empleadores. Agrega que este aumento de cotizantes al seguro social también se registró mediante los programas como Hambre Cero y el primer empleo y la fiscalización a las empresas.

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