Varias organizaciones de la sociedad civil reaccionaron ante la reciente aprobación en el Senado del proyecto que multa y castiga a quien no ejerza el derecho al voto. Cuestionan que la medida aprobada vaya directamente en perjuicio del ciudadano y prácticamente, declare “su muerte civil” con la serie de sanciones referidas a la imposibilidad de realizar ciertos trámites considerados indispensables.
En un comunicado conjunto de Decidamos y Semillas para la Democracia, ambos organismos consideran que el documento aprobado por el Senado y que ahora depende de Diputados, “se excede gravemente al violentar derechos e impedir trámites de legalización de diversos documentos, en caso de no ir a votar y no pagar la multa”, sostiene al principio de la nota.
Incluso, consideran que ya la multa establecida en un jornal es excesiva si se considera que ese gasto es el “7% de los ingresos laborales del decil de menores ingresos y solo el 0,7% del decil de mayores ingresos”.
“Lo grave no es solamente que penaliza y obliga a que vayan a votar los de menos ingresos, sino que también con el no pago de la multa, se plantea un paquete de graves disposiciones que el Senado incluyó en este proyecto, que son violatorias”, señalan.
Consideran que los trámites vedados a quienes no vayan a votar incluso son inherentes “al derecho a una vida digna y del derecho al trabajo; y además se impide el legítimo derecho ciudadano a tramitar documentos de legalización varios”.
FALTA DE ACCESO. Asimismo, las organizaciones citadas cuestionan que las medidas de sanción son contradictorias e injustas si se parte del hecho de que una gran parte de la población sigue sin que se le garantice acceso a votar.
“El Estado paraguayo sigue sin establecer transporte público gratuito y masivo el día de las elecciones, el proyecto fue rechazado en el Congreso Nacional”, señalan como uno de los obstáculos para votar.
Consideran que existe además un descontrol estatal a las encuestas que se publican y añaden que los partidos políticos que son “sujetos de la Ley N°5282/14 de acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, solo a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral se puede solicitar información sobre los mismos”.
Peor aún es la falta de acceso al voto por parte de comunidades indígenas y campesinas por no contar con locales cercanos a las comunidades.
Por último, instan a que Diputados rechace el proyecto, dado que “no se puede decretar la “muerte civil” como normativa para la promoción a la participación política”.