“Nos hemos visto obligados a elaborar una guía para la protección de nuestros derechos civiles en caso de que se produzcan abusos mediante allanamientos ilegales”, expresa en un comunicado esta red de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Denuncian que legisladores que integran la CBI han declarado abiertamente su intención de continuar con prácticas de hostigamiento y persecución en contra de asociaciones civiles y empresas privadas. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el atropello a principios fundamentales de legalidad, racionalidad e independencia en sus decisiones”.
Además, la CBI ha demostrado una constante negativa a seguir los canales institucionales establecidos para la solicitud de documentos que ya obran en instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
“Dichos documentos existen y están en poder de las autoridades competentes, disponibles para su consulta dentro del marco legal”, aclaran.
Cualquier solicitud de acceso debe justificarse de manera adecuada, cosa que hasta el momento no han podido hacer, “lo cual refuerza nuestra convicción de que no existe intención de transparencia, sino persecución arbitraria”.
Agregan que desde la caída de la dictadura en 1989, no han sentido tanta inseguridad jurídica como la que se vive hoy. “Esperamos que estas preocupaciones lleguen a oídos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la comunidad internacional, a fin de activar los canales legales y diplomáticos correspondientes”, abundan sobre el tema.
ABUSO. Para este conjunto de organizaciones de la sociedad civil se está presenciando un abuso de poder que socava las bases del Estado de derecho y pone en riesgo la ola de seguridad jurídica de persona y organizaciones.
Recuerdan que toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad, conforme lo establece la Constitución Nacional. Sin embargo, “las declaraciones y acciones de los miembros de la CBI muestran una clara intención de imponer medidas arbitrarias y de coaccionar a jueces, valiéndose de sus influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para obtener órdenes de allanamiento sin sustento jurídico”.
Además, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia. “Pero hemos sido blanco de juicios públicos anticipados por parte de la CBI, la cual ya ha acusado y condenado a activistas y representantes del sector privado, sin concederles siquiera la oportunidad de ejercer su legítimo derecho a la defensa”.
Estas actitudes, resaltan y revelan una postura sesgada e incompatible con la imparcialidad que debe guiar a una Comisión Bicameral de Investigaciones.
Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología. La persecución contra quienes ejercen su derecho a la libre asociación y expresión “es un grave retroceso en materia de libertades públicas”.
INTIMIDAD. Recuerdan que la Constitución garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas, “derechos que han sido vulnerados por quienes, en lugar de actuar con objetividad, utilizan sus cargos para sembrar miedo y socavar la reputación de ciudadanos y organizaciones.
Esto viene a propósito de que documentos como contratos y facturas entregados a la CBI por las organizaciones fueron filtrados a operadores cartistas que los publicaron sin tachar los datos privados asentados en ellos.
