“Desde noviembre de 2020, las autoridades que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas”, señaló el director para las Américas de HRW, José Manuel Vivanco.
REPRESIÓN. En opinión de Vivanco, queda “en evidencia” que al Gobierno de Maduro le “interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo”, al “bloquear” el trabajo de las ONG.
En este contexto, llamó a la comunidad internacional a “instar categórica y urgentemente” a las autoridades a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos “lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas”.
Recordó que el pasado 23 de noviembre, la Fiscalía dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de la ONG Alimenta la Solidaridad y de la organización internacional Save the Children.
El 15 de diciembre, efectivos de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido, según HRW, ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.
La FAES estuvo implicada, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “en gravísimos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales”.
ATAQUES. Por otra parte, un total de 33 personas y organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela fueron atacadas durante noviembre, según un informe publicado el martes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“Se agudizan las acciones represivas con el fin de obstaculizar el trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son calificados por el Estado como enemigos internos”, dice el escrito en el que se explica que 27 de estos ataques estuvieron dirigidos contra las organizaciones y 6 contra personas defensoras de derechos. Entre los incidentes de seguridad documentados en noviembre destacan 19 actos de “estigmatización”, un ataque que es emprendido principalmente a través de medios de comunicación del Estado, que sirven al Gobierno de Nicolás Maduro.
Pandemia y control social