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Observan indicios de pacto ilícito en proceso de compra de insumos

 

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) finalizó la investigación de oficio realizada sobre la polémica y fallida compra de insumos del Ministerio de Salud Pública, que había tenido como proveedoras adjudicadas a las empresas Imedic SA y Eurotec SA.

A través de la Resolución 2172/20, la DNCP declaró oficialmente que el proceso se encuentra viciado de incongruencias administrativas en contravención a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones, e instó a Salud a deslindar responsabilidades, además de remitir los antecedentes del caso a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), a la Contraloría y a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

El documento, en uno de sus apartados, refiere sobre el vínculo entre los oferentes Imedic SA y Eurotec SA, que tienen como representantes a los hermanos Patricia y Marcelo Ferreira, respectivamente. Los afectados, en sus descargos, no niegan dicha situación de familiaridad, señala.

Luego agrega que, considerando el sistema de adjudicación por lotes, es de resaltar que “si bien las firmas oferentes no cotizaron los mismos ítems de los dos lotes requeridos, sí lo hicieron en cuanto al mismo lote” y refiere que “considerando los hechos acontecidos y el vínculo de parentesco que une a los presidentes del directorio de ambas empresas, existen indicios suficientes de colusión (definido como pacto ilícito en daño de tercero)” y que corresponde remitir los antecedentes al Departamento de Sumarios de la DNCP.

OBSERVACIONES SIMILARES

La conclusión de Contrataciones Públicas tiene varios puntos en común con el informe que antes dio a conocer la Contraloría General de la República, entre ellos, que los oferentes tuvieron que haber sido descalificados, teniendo en cuenta que cotizaron por ítem (cuando el sistema establecido era por lote) y que no presentaron las muestras de insumos el día de apertura de ofertas (como requería el pliego de bases y condiciones, PBC).

Sobre el anticipo, la DNCP deja constancia de que el mismo no figuraba en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), pero que sí estaba en el PBC. La solicitud presentada por Salud requiriendo el cambio en la casilla de anticipo se dio en la etapa de adjudicación y contrato, cuando no es posible introducir modificaciones.

En cuanto a los precios fijados en el llamado, el Ministerio de Salud no demostró haber cumplido con las disposiciones de la DNCP para la fijación de costos referenciales, según la conclusión de las pesquisas realizadas por Contrataciones Públicas. El caso de la fallida compra de insumos y camas también es investigado por el Ministerio Público.

7 empresas fueron invitadas a participar del proceso, según las explicaciones dadas por Salud a la DNCP.

3 de ellas acabaron presentando sus ofertas, que fueron por ítems y no por lotes, que era el sistema establecido.

85.220 millones de guaraníes fue el monto de la adjudicación a favor de Imedic y Eurotec, para proveer insumos.



Contratos rescindidos, no nulos
La Resolución 2172/20 de Contrataciones Públicas aclara que no se realizó mayor análisis sobre la validez de los contratos firmados con Imedic y Eurotec, debido a que Salud comunicó acerca de la rescisión de los acuerdos. “Resulta inoficioso analizar la validez de los contratos, en atención a la rescisión de los mismos por incumplimiento”, dice textualmente.
De esta manera, destaca que los contratos no fueron declarados como nulos, como había pedido la representación legal de las empresas implicadas en el caso. La vía de la rescisión, según explican entendidos en el asunto, permite trazar un camino más claro para ejecutar las pólizas y eventualmente sancionar a las firmas que incumplieron con el Estado.
La DNCP ya inició el proceso de sumario en contra de Imedic y Eurotec, que puede llevar entre 30 a 45 días. Se puede sancionar a ambas firmas, con plazos desde tres meses hasta tres años de imposibilidad de proveer al sector público, conforme a lo que establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.


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