El nuevo aplazamiento del vencimiento para el pago del impuesto a la renta personal (IRP) hasta el 31 de agosto fue bien recibido por el sector privado, que espera poder alcanzar un acuerdo con el próximo Gobierno que asumirá desde el 15 de agosto.
Benigno López, actual presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) y quien fuera designado para ocupar el cargo de ministro de Hacienda, dijo ayer que la idea que manejan es justamente lograr un “acuerdo global” con respecto a la renta personal.
“Ojalá lo encontremos”, respondió con respecto a una eventual negociación que tendrían con los contadores y empresarios que han presentado acciones de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo que reglamentó la ley de este impuesto.
Alba Talavera, del Colegio de Contadores del Paraguay, consideró positiva la postura que ha asumido el futuro ministro, de construir consensos para evitar avanzar en una resolución del problema por la vía judicial.
“La decisión es acertada, las rectificativas también pasan su vencimiento al 31 de agosto y creemos que con el nuevo Gobierno podemos zanjar este problema. Si se soluciona, a título personal ya no tendría sentido seguir demandando; incluso, instaría a mis colegas de dejar la acción”, afirmó.
Para la especialista tributaria, una vez resuelto el problema de las deducciones por ejercicios fiscales de años anteriores, será oportuno debatir con el Gobierno cuál será de allí en más el futuro del IRP.
“Se tiene que dejar en claro si va a ser un impuesto formalizador o recaudador, para ello necesitamos un diálogo abierto con personas técnicas. Respetaríamos la decisión que tome el Ejecutivo, pero pediríamos reglas claras, que no nos vuelvan a cambiar la película por el camino”, afirmó.
Talavera cuestionó que la normativa esté vigente desde el 2012 y que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en el 2016 salió a decir que las inversiones en acciones no eran cien por ciento deducibles.
“No pueden pedir rectificar cuatro años después por todos esos años, hubo mala intención en esto desde todo punto de vista”, lamentó.
espera a la corte. Por su parte, la abogada tributarista Nora Ruoti dijo que se generó un caos jurídico cuando la ex viceministra Marta González decidió de forma arbitraria cambiar la ley del IRP.
“Si el nuevo Gobierno deroga el decreto y permite liquidar el impuesto con el anterior formulario, estaremos controlando que los contribuyentes liquiden bien. Aún así, en todas las acciones pedimos que la Corte Suprema se expida, porque es irreparable el daño que generó este caos”, subrayó.
Uno de los grandes problemas que plantean los cambios que introdujo la administración de González es el de desalentar la formalización, porque deja la sensación de que el formalizado es perseguido, agregó.
“Sentémonos y hagamos un sistema más justo y distributivo, pero con reglas claras y que no se cambie por el camino en detrimento del contribuyente”, enfatizó.
Ruoti lamentó que el Fisco por este conflicto no esté recaudando lo que ya en marzo debía hacerlo en concepto de este impuesto.
La SET había emplazado en octubre pasado a 2.100 aportantes del IRP por deducir inversiones en certificados de depósitos de ahorro y sociedades anónimas emisoras de capital abierto, por encima del límite legal entre los años 2012 y 2015.
La cifra
2.100 contribuyentes habían sido emplazados por Tributación por deducir inversiones en CDA y saecas.
Prórroga por fallos en Marangatu
Para la abogada tributarista Nora Ruoti, uno de los principales factores por los que Hacienda decidió aplazar por un mes más el vencimiento del impuesto a la renta personal (IRP) se debe a los constantes problemas en el sistema Marangatu. “Su supersistema no es tan así, los contadores no pueden liquidar, porque se cuelga constantemente. Solamente la mitad de los contribuyentes presentaron las declaraciones, porque el sistema no aguanta a los 36.000 aportantes, ese fue uno de los motivos”, reveló. Añadió que a esto se suma la campaña que vienen realizando para presentar acciones judiciales contra los cambios que realizaron por decreto a la ley a la renta personal. “Otra razón es que la gente que trabajó con Marta González está ahora queriendo hacer buena letra para quedarse, porque por supuesto no quieren perder privilegios como los ingresos por multas al contribuyente”, afirmó.La especialista manifestó que esta situación generó una especie de “dictadura del formulario”.
